La diputada nacional Moira Lanesan Sancho, junto a un grupo de legisladores, presentó un proyecto de declaración en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para expresar su enérgico repudio y preocupación ante la decisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de cerrar operativamente doce agencias regionales en todo el país.

La medida, dispuesta mediante la RESOL-2026-48-E-GDEBCRA-SDD#BCRA del 12 de marzo de 2026, afecta a las sedes de Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Formosa, La Rioja, Paraná, Posadas, Río Cuarto, Río Gallegos, Río Grande, Salta, San Juan y Santa Rosa. “Esta resolución no es un ajuste técnico, es un retroceso institucional que vulnera el principio de igualdad federal y abandona a regiones enteras”, declaró Lanesan Sancho. “El BCRA pasa de un modelo de presencia federal a apenas nueve nodos regionales, encareciendo la logística y trasladando costos innecesarios a las provincias.” Lejos de responder a una lógica de eficiencia, la decisión del BCRA se sostiene sobre criterios endebles y contradictorios. Los propios números de la autoridad monetaria revelan el doble estándar:

– Paraná, con $691.500 millones transaccionados, es más operativa que seis de las nueve agencias que siguen abiertas, como las de Tucumán, Neuquén o Mendoza. Sin embargo, cierra.

– Salta y Formosa mueven más volumen que Mendoza, San Juan y Posadas… y también son clausuradas.

– Trelew, en cambio, se salva del ajuste pese a tener el tercer peor desempeño ($109.300 millones), muy por debajo de Bahía Blanca y Río Cuarto, que sí desaparecen. ¿La capacidad de bóveda? Tampoco resiste el análisis. Paraná atesora $42.750 millones y Posadas $24.300 millones, cifras muy superiores a las de Jujuy ($18.000 M) o la propia Trelew ($24.000 M).

Sin embargo, la balanza se inclina siempre hacia el mismo lado: cierran las agencias del interior profundo, sin importar su rendimiento. “No hubo estudio técnico serio. Hubo una decisión política disfrazada de plan de racionalización”, sentencia Lanesan.

La diputada advirtió que el cierre afecta directamente a dependencias que ya operaban con mínima eficiencia administrativa –cinco agencias con solo dos personas (Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Río Cuarto, San Juan, Santa Rosa) y una con una sola persona (Río Gallegos)– y que su eliminación implica una pérdida de puestos de trabajo y de soberanía operativa en puntos estratégicos del territorio.

“No es inocente ni casual: es la continuidad de un plan de gobierno que trata al empleo público como un mero costo laboral, bajo la excusa de una supuesta eficiencia económica”, denunció Lanesan Sancho.

El proyecto de declaración cuenta con el acompañamiento de los diputados Ana María Ianni, Juan Carlos Molina, Andrea Freites, Kelly Olmos, Ernesto Ali, Sergio Palazzo, Juan Pablo Luque, José Glinski, Carlos Cisneros, Ariel Rauschenberger, Marianela Marclay, Sergio Andrés Dolce, Pablo Agustín Tita y Jorge Neri Araujo Hernández.

La iniciativa busca que el Congreso exprese su repudio institucional y exija al BCRA la reversión de una medida que –sostienen– carece de justificación razonable y vulnera el federalismo, la descentralización administrativa y la equidad social. “No podemos permitir que se desmantele la presencia del Estado nacional en las provincias. Esto no es eficiencia, es abandono”, concluyó la diputada.