Alberto Chaile, vecino de la ciudad de El Calafate cuestionó el decreto de excepción firmado por el gobernador Claudio Vidal que autorizó una operación vinculada a un lote en el Parque Provincial Península de Magallanes. Sostuvo que existen posibles incumplimientos de la normativa nacional y provincial y reclamó la intervención de la Legislatura para investigar las actuaciones administrativas.

La situación generada en torno a un proyecto de construcción de cabañas o un ecoalojamiento en el Parque Provincial Península de Magallanes motivó una serie de reclamos por parte de vecinos, quienes solicitaron explicaciones sobre la autorización otorgada a la empresa propietaria de un lote en ese sector.

En comunicación telefónica con Voces y Apuntes, Alberto Chaile explicó que las primeras versiones sobre el proyecto circulaban en la localidad y que, ante la falta de respuestas a consultas realizadas a través del diputado por el pueblo, un grupo de vecinos decidió solicitar formalmente información a los organismos provinciales involucrados.

Según relató, la situación tomó mayor relevancia tras conocerse la publicación de un decreto firmado por el gobernador Claudio Vidal, mediante el cual se estableció una excepción para que la empresa pudiera concretar la venta del lote y del proyecto.

“Ahí nos encontramos con dos situaciones: se confirmaba el rumor que existía sobre este proyecto, que había sido aprobado por el Concejo Agrario Provincial, y un dato no menor es que el Gobernador hacía una excepción a una norma provincial que reglamenta una ley nacional”, señaló.

Chaile indicó que, a partir de ese momento, se realizó una convocatoria abierta y se presentaron tres notas dirigidas al Concejo Agrario Provincial, al Gobernador y a la Secretaría de Ambiente, amparadas en el derecho de acceso a la información pública, para conocer los detalles de las actuaciones administrativas.

El entrevistado cuestionó que desde el Gobierno se sostuviera que se trataba de una operación entre privados. “El Gobernador se ha cansado de decir que se trata de un acto entre privados, pero él puso la firma, y por algo la puso”, expresó.

Tras recibir el expediente, los vecinos solicitaron una ampliación de la documentación, al considerar que la información remitida correspondía a una primera etapa del trámite iniciado por la empresa en 2023 y completado en 2024, pero que habría experimentado modificaciones durante 2026 sin que fueran debidamente actualizadas por la firma propietaria.

A partir del análisis de la documentación, Chaile afirmó que detectaron presuntas falencias de carácter legal y administrativo, por lo que consideraron necesaria la intervención de la Cámara de Diputados de Santa Cruz.

“Nos parece que la Legislatura provincial debía intervenir. Tienen que conformar una comisión investigadora para intervenir sobre el expediente y determinar si las actuaciones que hizo el Concejo Agrario Provincial, la Secretaría de Ambiente y también el Gobernador Claudio Vidal, al firmar este decreto de excepción a una ley nacional, se ajustan o no a la ley”, sostuvo.

En ese sentido, también hizo referencia a la Resolución 248, sancionada por la Cámara de Diputados el 8 de agosto y publicada dos meses después. Según explicó, esa disposición reafirma la importancia de preservar un régimen de protección sobre la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales en Argentina, particularmente en zonas fronterizas, áreas estratégicas y territorios vinculados con recursos naturales esenciales.

La resolución también expresa el rechazo a iniciativas que impliquen eliminar o flexibilizar indiscriminadamente los límites y mecanismos de control destinados a prevenir la extranjerización de tierras rurales.

Chaile consideró contradictorio que, semanas después, el 2 de septiembre, el Gobernador firmara el decreto de excepción cuestionado. Al respecto, sostuvo que la decisión habría autorizado la transferencia de un recurso alcanzado por la legislación nacional, en un territorio que describió como rodeado de agua, bosques nativos, frente al glaciar y ubicado en zona de frontera.

“Esto lo aprobó la Legislatura el 8 de agosto y el Gobernador, el 2 de septiembre, les firmó un decreto haciendo todo lo contrario”, manifestó. Y agregó: “Estamos en una situación de absoluta irregularidad. Estamos hablando de transparencia política del Gobernador. Es gravísimo lo que está haciendo y las consecuencias son mucho más graves también”.

El reclamo llegó a la Legislatura

Como parte de las acciones impulsadas, Chaile informó que reunieron alrededor de 3.000 firmas en diez días, que posteriormente fueron presentadas ante la Cámara de Diputados por mesa de entrada durante la segunda sesión de octubre.

Además, indicó que el 22 de octubre se le permitió hacer uso de la palabra durante un cuarto intermedio para exponer el planteo. La presentación ingresó formalmente y fue derivada a la Comisión de Recursos Naturales.

Posteriormente, durante una reunión realizada el martes anterior a la entrevista, los integrantes de esa comisión resolvieron enviar una copia de la documentación a la Comisión de Asuntos Institucionales, donde también se encuentra un proyecto de la diputada Mora, de Río Gallegos, que solicita la conformación de una comisión investigadora.

Por el momento, los vecinos aguardan una definición de los legisladores respecto de los pasos a seguir.

“Ellos decidirán qué decisión se toma. No sabemos qué decisión van a tomar. Nosotros lo único que queremos es que se cumpla con la ley. Santa Cruz tiene un marco jurídico que habla de los recursos naturales”, concluyó Chaile.