La acción busca anular el artículo del DNU de Milei que derogó la Ley de Tierras y solicita medidas urgentes sobre las autorizaciones otorgadas por el Gobierno de Santa Cruz. Su ingreso judicial está previsto para este viernes.

La diputada provincial Agostina Mora, el diputado por El Calafate, Carlos Alegría, y los legisladores Echazú y Godoy, junto con la asociación CEJUS, una organización no gubernamental de derechos humanos, impulsaron una acción de amparo para defender las tierras y los recursos naturales de Santa Cruz y frenar las autorizaciones de venta a capitales extranjeros en Península Magallanes, frente al glaciar Perito Moreno.

La presentación solicita que la Justicia declare la nulidad del artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el presidente Javier Milei derogó la Ley de Tierras Rurales. Además, pide suspender cautelarmente la vigencia de ese artículo y dictar medidas de no innovar sobre las autorizaciones otorgadas por el Ejecutivo provincial, particularmente las vinculadas con Península Magallanes, para impedir que las operaciones avancen mientras se resuelve el planteo.

El decreto provincial 915/2026 y las actuaciones posteriores ocupan un lugar central en la acción. Según lo señalado por el equipo jurídico, el decreto fue firmado inicialmente por Claudio Vidal y, tras detectarse errores en la identificación de las parcelas cuya venta se autorizaba, la rectificación fue firmada por Leguizamón y suscripta por Verbes. Los impulsores del amparo sostienen que el procedimiento administrativo presenta múltiples violaciones a leyes federales y provinciales que lo vician de nulidad absoluta.

Según los fundamentos de la acción, las autorizaciones configuran un caso concreto y actual: la posibilidad de que tierras de un área protegida, vinculadas con cuerpos de agua y próximas al glaciar Perito Moreno, pasen a manos de capitales extranjeros.

El planteo sostiene que la Ley de Tierras establecía restricciones específicas para la titularidad extranjera de inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes. Por eso, la derogación de esa protección tiene consecuencias directas sobre el territorio santacruceño y sobre las operaciones autorizadas por el Gobierno provincial.

La presentación conjunta reúne dos fundamentos para acudir a la Justicia: los diputados invocan su condición de autoridades constitucionales de Santa Cruz para defender la soberanía territorial, mientras que CEJUS sostiene el reclamo desde la defensa de los derechos humanos, la protección ambiental y la preservación de los glaciares.

Península Magallanes forma parte de un entorno de enorme valor ambiental y cumple una función de conservación vinculada con el Parque Nacional Los Glaciares. La preocupación alcanza al suelo, al agua, a la biodiversidad y a las consecuencias que una operación de estas características puede generar sobre ese patrimonio.

Con esta iniciativa, los legisladores y CEJUS buscan una intervención judicial urgente antes de que se consoliden las operaciones cuestionadas. Está en juego el futuro de un territorio que exige protección y decisiones transparentes: lo que se autorice hoy puede comprometer un patrimonio que pertenece también a las próximas generaciones.