Hugo Garay, aseguró que la iniciativa privada hoy en debate, se ajusta al Plan de Manejo aprobado en 2023, cuestionó las críticas de sectores de la oposición y ratificó la decisión del Gobierno de Claudio Vidal de promover inversiones que generen empleo y desarrollo económico, respetando la normativa vigente.

El presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP), Hugo Garay, se refirió a la controversia generada en torno al decreto provincial vinculado con un proyecto de inversión privada en Península de Magallanes, y brindó precisiones sobre las actuaciones técnicas y administrativas desarrolladas por el organismo en su carácter de autoridad de aplicación de las áreas protegidas.

El funcionario explicó que el expediente cuenta con antecedentes que se remontan a 2023 y que la actual gestión provincial dio continuidad a un procedimiento iniciado durante el gobierno anterior, garantizando el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Plan de Manejo del área protegida.

“Esto se viene trabajando hace mucho tiempo, no es que nació ahora recientemente. Desde el año 2023 se empezó a trabajar este proyecto. Nosotros como Estado lo que hicimos fue darle continuidad a algo que se había empezado”, expresó.

Desde el año 2023 se empezó a trabajar este proyecto. Nosotros como Estado lo que hicimos fue darle continuidad a algo que se había empezado”, expresó.

El cumplimiento de la normativa ambiental

Garay explicó que Península de Magallanes constituye un área protegida que incluye tierras de propiedad privada, por lo que cualquier iniciativa de desarrollo debe adecuarse a las disposiciones ambientales y territoriales vigentes.

En ese sentido, detalló que la propuesta original presentada por los inversores no se ajustaba completamente al Plan de Manejo, motivo por el cual el Consejo Agrario Provincial solicitó modificaciones antes de continuar con su evaluación.

“Cuando se presenta el proyecto, la verdad que no se ataba totalmente al Plan de Manejo de Península de Magallanes. Entonces nosotros lo devolvimos y les dijimos que debían trabajar en base a esas condiciones. Así lo hicieron, se apegaron al Plan de Manejo y modificaron el proyecto”, sostuvo.

Destacó que se realizó el estudio de impacto ambiental y se verificó el cumplimiento de las exigencias establecidas para el área. El titular del CAP remarcó que el organismo actuó dentro de sus competencias legales y que las decisiones adoptadas responden a una normativa aprobada antes del inicio de la actual gestión provincial.

El expediente fue remitido a la Cámara de Diputados

En relación con los cuestionamientos legislativos, Garay confirmó que el Consejo Agrario Provincial remitió una copia certificada del expediente completo a la Cámara de Diputados, “para que cada uno de los diputados que tuviera dudas tenga acceso. Nosotros estamos a la espera de que nos citen y estamos a disposición para dar las explicaciones técnicas, pero hasta ahora no nos han convocado”, afirmó.

El funcionario aclaró que recibió una convocatoria vinculada con un proyecto legislativo presentado por el diputado Carlos Alegría y otros legisladores, mediante el cual se busca dejar sin efecto el decreto provincial. Sin embargo, consideró necesario distinguir entre las responsabilidades técnicas del Consejo Agrario y los aspectos jurídicos que corresponden a otras áreas del Estado.

Cuestionamientos a la oposición

Garay también se refirió a las críticas formuladas por el kirchnerismo y recordó que el Plan de Manejo de Península de Magallanes fue aprobado en 2023, mediante un procedimiento que contempló la participación de autoridades locales, organizaciones no gubernamentales, universidades y una audiencia pública.

Cuestionó la postura del diputado Alegría, quien, según recordó, se desempeñaba como concejal de El Calafate cuando se desarrolló aquel proceso. “Que hoy que desconozcan ese Plan de Manejo y se muestren disconformes cuando ellos mismos fueron parte del armado del mismo, me hace ruido”, manifestó.

A su vez, insistió en que el Consejo Agrario Provincial mantiene abiertas las instancias de consulta y que se han respondido los pedidos de información pública recibidos sobre el expediente.

Inversiones privadas y preservación del patrimonio natural

Otro de los puntos abordados por Garay fue la comparación con otros emprendimientos turísticos desarrollados en áreas protegidas de Santa Cruz, que son de capitales extranjeros y autorizados en gestiones anteriores.
En particular, el funcionario se refirió a Explora El Chaltén, el establecimiento de la compañía chilena que comenzó a recibir huéspedes el 15 de diciembre de 2021, durante la administración de Alicia Kirchner. El hotel abrió con 20 habitaciones y una inversión informada de aproximadamente 9 millones de dólares. “Hoy nos critican a nosotros cuando ellos fueron los primeros en generar los antecedentes”.
También se refirió al proyecto del Hotel Los Notros, respecto del cual aseguró que el Consejo Agrario Provincial no autorizó una construcción propuesta debido a que no cumplía con las condiciones del Plan de Manejo.

En contraposición, sostuvo que “Lo que se quiere hacer en la fracción G de Península de Magallanes está apegado al Plan de Manejo, respeta toda la normativa, no tiene un impacto visual, no va a afectar el paisaje que hoy tiene. No hay acceso al lago, como ellos dicen, no tiene cercanía al glaciar Perito Moreno”, puntualizó.

De esta manera, el funcionario defendió la posibilidad de compatibilizar la preservación de los recursos naturales con el desarrollo de emprendimientos que contribuyan a la actividad económica provincial.

Más desarrollo, más trabajo

“Tenemos un claro objetivo como gestión, que es el desarrollo de la provincia de Santa Cruz, generar nuevas fuentes de trabajo. No somos ningunos vendepatria, como nos dicen. Estamos trabajando fuertemente porque sabemos que tenemos una provincia rica”, enfatizó.

Advirtió sobre la necesidad de impulsar alternativas económicas que permitan ofrecer oportunidades a los jóvenes santacruceños y favorecer su permanencia en la provincia. Además, consideró que los cuestionamientos políticos no deberían impedir el análisis técnico de iniciativas que, desde la perspectiva del Ejecutivo Provincial, representan oportunidades de inversión y crecimiento.

La situación judicial y la continuidad del proyecto

Finalmente, Garay se refirió a la presentación judicial relacionada con el decreto provincial y señaló que, según la información que manejaba, el magistrado interviniente se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia.

El presidente del CAP consideró que los cuestionamientos podrían haberse abordado previamente mediante consultas al organismo responsable de aplicar la normativa ambiental.

“Antes de haber hecho esto nos tendrían que haber convocado a nosotros para ver qué dudas tenían. El expediente está y se respetó punto por punto todo lo que había que hacer”, sostuvo.

El Consejo Agrario Provincial continuará trabajando en el seguimiento de los proyectos de inversión, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes y proteger los recursos naturales de Santa Cruz.

“Estamos convencidos de que ese es el camino y vamos a seguir trabajando hacia ese lado. Queremos cuidar nuestro patrimonio con inversiones que vengan y que sirvan para el desarrollo de nuestra provincia”, concluyó.