Desde el Consejo Local del Partido Justicialista de Caleta Olivia rechazaron la decisión del Superior Tribunal de Justicia de revocar la medida cautelar vinculada a la Ley 3947 y advirtieron que la resolución permite al Gobierno Provincial disponer de recursos que corresponden a los municipios.

El Partido Justicialista de Caleta Olivia expresó su rechazo al fallo dictado por el Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz que revocó la medida cautelar de no innovar relacionada con la aplicación de la Ley 3947.

Desde el espacio político señalaron que la decisión habilita al Gobierno Provincial a disponer de fondos que, según sostienen, corresponden a los municipios, afectando el principio de autonomía municipal consagrado en la Constitución Provincial.

Asimismo, indicaron que la deuda vinculada a esta situación alcanza a todos los municipios santacruceños y se remonta aproximadamente a 1991.

En el pronunciamiento, el PJ local también cuestionó los fundamentos esgrimidos por el máximo tribunal provincial, especialmente aquellos vinculados a la protección de las personas mayores en situación previsional, amparadas por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, instrumento con jerarquía constitucional.

Según manifestaron, esos mismos criterios no son aplicados cuando no se encuentran garantizados derechos básicos como la alimentación y la salud, y remarcaron que son los municipios quienes asisten de manera directa a los sectores más vulnerables de la comunidad.

Además, calificaron la resolución judicial como “un fallo político” y consideraron que la medida busca limitar la capacidad de los intendentes para administrar sus propios recursos. También vincularon la decisión con el debate en torno al pedido de endeudamiento en dólares impulsado por la administración provincial, iniciativa que la oposición se negó a acompañar.

El documento también hace referencia a la situación que atraviesa la provincia en materia de salud, educación, seguridad y conflictos salariales con trabajadores estatales, y sostiene que, en lugar de convocar al diálogo y a un acuerdo social con los distintos actores institucionales, el Gobierno Provincial profundiza las tensiones con los municipios.

Finalmente, el pronunciamiento responsabiliza al Ejecutivo provincial por el deterioro de las finanzas municipales y advierte sobre las consecuencias que esta situación podría tener en el funcionamiento de los gobiernos locales y en el pago de salarios.