La iniciativa de ediles Dra. Daniela D’Amico y Prof. Leonardo Roquel (UCR) y Prof. Pedro Muñoz (Coalición Cívica ARI) , elevada al Cuerpo Deliberativo a través de un proyecto de Ordenanza, ya tomó Estado Parlamentario e y será abordada en la sesión de mañana jueves 17 de marzo.
Concretamente el concejal Leonardo Roquel propone establecer a partir de aprobación de la nueva norma que “para la ocupación de los cargos públicos en el rango de secretarios/as, directores/as, jefes/as de departamento, jefes/as de división, asesor/a legal, juez/a de faltas, secretario/a general del Concejo Deliberante y secretarios/as privados/as; será requisito indispensable la presentación ante el Departamento Ejecutivo Municipal, de la documentación que a continuación se detalla: Certificado de antecedentes penales, libre deudor alimentario de la provincia de Santa Cruz, libre deudor fiscal de la Municipalidad de Río Gallegos y libre de infracción de la Comuna local” indicó el Edil.
Roquel precisó además que “se establecerá que a partir de la promulgación de la Ordenanza será motivo de inhabilitación de la persona que desempeña el cargo público, el estar condenada en primera o segunda instancia en delitos dolosos graves, tales como los relacionados con hechos de corrupción o los cometidos contra la integridad sexual de las personas; en delitos contra la seguridad de la Nación; en delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional; en delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, como ser el enriquecimiento ilícito y el encubrimiento; en delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública y contra el orden económico y financiero; en delitos de femicidio, violencia de género o abuso sexual en todas las modalidades previstas en el Código Penal de la Nación; y finalmente en todos aquellos delitos que se incorporen al Código Penal de la Nación por leyes especiales, en cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, la Convención Interamericana contra la corrupción o cualquier otra ratificada por la República Argentina en la materia”.
Finalmente, la iniciativa del concejal Leonardo Roquel establece que “ todas las personas que se encuentren ocupando los cargos mencionados, deberán ajustarse a la presente norma y en caso de detectarse alguna irregularidad, la misma será motivo de la inhabilitación inmediata de la ocupación del cargo que se ejerce”.
