En Rio Gallegos, desde su aprobación en la gestión de Roberto Giubetich, el acuerdo entre la Comuna y la empresa de transporte fue puesto en tela de juicio. En Caleta Olivia se vivió una situación similar que sirvió de antecedente.

Desde que se firmó a principios de 2019 el contrato entre el Municipio y la empresa Maxia fue cuestionado por los puntos acordados entre la Comuna y la prestadora del servicio. Quienes ahora están a cargo de la administración municipal en ese entonces eran oposición y han mantenido sus cuestionamientos a la empresa a lo largo del año. Es que no vieron con buenos ojos ni los subsidios ni los precios de los boletos que habían cerrado.

Tras la firma del acuerdo con la empresa –y después del debate en el Concejo Deliberante- arribaron los colectivos verdes, pero contaban con una historia de conflictos y paros en Caleta Olivia, que sirvieron como antecedente de lo que terminaría ocurriendo en la capital santacruceña.

Los primeros puntos que se tuvieron que definir fueron el precio del boleto (en ese entonces $25), además de las líneas y sus recorridos (el viejo caso de la Línea E) además de los subsidios.

Varias fueron las cuestiones que hicieron que el Municipio ahora a cargo de Pablo Grasso volviera a poner bajo la lupa el acuerdo con la empresa. La semana pasada se realizaron no una sino dos reuniones de emergencia de la Comisión seguidora del transporte, en una de ellas participando el propio Intendente.

Allí adelantaron que iban a revisar los puntos del acuerdo. De hecho, el mismo Intendente había propuesto en la campaña electoral un servicio de transporte «mixto» para Río Gallegos.

Ahora Grasso –que cuenta con ediles afines dentro del Concejo Deliberante- planteó la revisación del contrato, después de varios días de medidas de fuerza por parte de los choferes de Maxia, quienes reclamaron el pago del aguinaldo en la empresa.

En el punto 13 del contrato que se firmó a principios de 2019, sobre referente al valor del subsidio municipal, se detalló que «a fin de garantizar la normal y regular prestación del servicio y de que la totalidad de la tarifa no recaiga sobre el usuario, la Municipalidad subsidiará la tarifa obligándose a pagar la suma de 126.000 pesos por mesy por cada unidad afectada al servicio«. (El pago se hará en los primeros cinco días del mes a la prestación del servicio).

En el punto 14 en cuanto al subsidio nacional, que el Gobierno central dejó de abonar en diciembre de 2018, se estableció el pago de 147.000 pesos por mes «y por cada unidad afectada al servicio«.

El punto 15 fue en donde se especificó que de «carácter extraordinario» la comuna deberá pagar el adelanto de subsidio, que consiste en 21 millones «que se abonará de la siguiente forma: a) Dentro de los cinco días hábiles de ratificado el Contrato por el Honorable Concejo Deliberante la suma de 15.000.000. Y dos cuotas de pesos tres millones ($3.000.000.-) cada una, a vencer a los treinta y sesenta días respectivamente del primer desembolso».

Se detalló que «la falta de pago, total o parcial, del anticipo aquí pactado, facultará a la Concesionaria a no iniciar la prestación del servicio o, en su caso, suspender la prestación del mismo hasta tanto la Municipalidad regularice la situación de incumplimiento».

Fuente Tiempo Sur

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