Un nuevo proyecto “prohibirá el sacrificio y la eutanasia de animales y la tercerización de esas prácticas”.

Luego del fuerte rechazo social que generó la Ordenanza N° 6933/18, sancionada el 27 de septiembre pasado, el intendente Gustavo González convocó a una mesa de trabajo con funcionarios y representantes del proteccionismo de animales para abordar “la problemática sobre el control de la población canina”. Y se logró llegar a un proyecto que “prohibirá el sacrificio y la eutanasia de animales y la tercerización de esas prácticas”, aseguraron a Infobae desde el gobierno local.

Según manifestaron en un comunicado, la decisión tomada ratifica “las políticas de Estado que el municipio ya aplica y a través de las cuales se promueve como principal método de control de la población canina las castraciones masivas, gratuitas y sostenidas en el tiempo“.

Tras los fuertes cruces que se dieron entre proteccionistas, las autoridades municipales y algunos vecinos que defendían su posición sobre la mencionada norma se llamó al diálogo en una mesa de trabajo de la que participó la abogada Graciela Fayt y juntos concluyeron en la necesidad de abordar una nueva redacción de la polémica ordenanza.

El nuevo proyecto es el resultado de “intensas jornadas de trabajo en las que se revisó minuciosamente la ordenanza vigente”, señalaron y aseguraron que “desde una perspectiva de control ético de la población canina se acordó que de manera consensuada el Ejecutivo y concejales elaborarán un Proyecto de Ordenanza que Declarará a Puerto Deseado “Ciudad no eutanásica”.

También se resolvió realizar una capacitación del personal de la Dirección de Control Canino a quienes se sumará un equipo de veterinarios para prestar servicio en campañas de castración masiva.

“Durante el fin de semana estuvimos trabajando y hemos consensuado elaborar un proyecto de ordenanza declarando al municipio como no eutanásico”anticipó aInfobae el secretario de Gobierno del Municipio de Puerto Deseado, Mauricio Marsicano. 

“El día viernes 18 se acercó a nuestra localidad la doctora Graciela Fayt —siguió Marsicano—, que hizo una nota con ustedes analizando los puntos de la ordenanza, y luego de comunicarse con el intendente manifestó su intención de brindar acompañamiento y acercarse a conocer la realidad de Puerto Deseado”.

El funcionario agregó que en esa reunión le explicaron cada uno de los puntos de la polémica ordenanza y que ella devolvió su análisis punto por punto y que, más allá el artículo 64,  explicó cuáles de las propuestas no fueron viables en otros municipios.

“Se va a enviar al Concejo Deliberante el proyecto que tiene como objetivo derogar el artículo 64 y declarar a la ciudad no eutanásica. Lo que se hará es puntualizar en cada uno de los puntos de la Ordenanza 6933/18 que han fallado en otras localidades, según lo marcó la doctora Fayt cuando compartió su experiencia sobre cómo se trabaja en otras localidades”, recordó Marsicano.

Consultado sobre por qué el Consejo Deliberante llegó a la redacción de la polémica ordenanza, sostuvo: “Existían normas anteriores que establecían que tras recolectar a los perros de la vía pública, éstos quedaban a disposición del Estado durante 48 horas y en caso de no encontrar al dueño deberían ser sacrificados. En realidad lo que han planteado los concejales fue con la intención de buscar una herramienta que diga qué hacer con el perro mordedor, principalmente, qué hacer en el caso de no tener ningún otro tipo de solución o de no encontrar adopción o tener perros en estado terminal, qué hacer con ellos”.

Al momento de redactar esa ordenanza, aclaró que “la totalidad de perros en Puerto Deseado era de 10 mil canes y el censo de población en la vía pública 1.600 animales”.

“Esto es consecuencia de que el Estado durante años no tomó cartas en el asunto, de eso somos conscientes”, asumió el funcionario que aseguró que en la actual gestión “desde que venimos trabajando en ningún momento planteamos que la solución sea la eutanasia o matanza como control de población porque estamos seguros que esto se soluciona con castraciones, con educación y con la Búsqueda del vecino que se haga responsable de la tenencia de sus animales”.

En ese contexto, aseguró: “Realizamos 500 castraciones, dimos en adopción a más de 200 animales y se han registrado más de 1.000 mascotas y se ha generado capacitación a los alumnos de las escuelas y no se ha sacrificado a ningún animal”.

El funcionario dijo varias veces que los sacrificios no se llevaron a cabo y que todo fueron “difamaciones” por las que se acusa y escrachó a Horacio Caminos y su familia, que están al frente de la Asociación Protectora Canina (APROC) que además fueron declarados “personas no gratas y hasta le pidieron que abandone el lugar.

Caminos desde su lugar de proteccionista se opuso fervientemente a la ordenanza y luego denunció haber recibido un llamado intimidatorio por parte del intendente González y argumentó que por eso cuando todo el país se pronunciaba contra la derogada norma allí no lo habían hecho.

Consultado sobre lo acontecido con el proteccionista, Marsicano argumentó que “los vecinos se habían enojado porque la repercusión fue bastante mala para Puerto Deseado” y asumió que desde la protectora “se dijeron que se mataban perros o que se usaban como método de control poblacional pero no fue así. Está establecido en la ordenanza una metodología para aplicar eutanasia y en realidad lo que estuvimos aclarando que no se realizó nunca”.

A los pocos minutos de que Intendencia difundiera por sus redes oficiales el comunicado contando las novedades, algunos vecinos comentaron su malestar porque la eutanasia no sería efectiva.

De la reunión participaron miembros del gabinete del Ejecutivo, la Dirección de Control Canino, concejales, el juez de Faltas Edgardo Pola; el director de la Delegación del Consejo Agrario, Carlos Bolke; el biólogo Diego Procopio y las señoras Laura Antoniazzi del Municipio de Almirante Brown y la abogada animalista Graciela Fayt.

(Fuente: Infobae.com)

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