El diputado Alberto Lozano, presento para su tratamiento en la sesión ordinaria del día jueves 11 de octubre del corriente, el proyecto de resolución Nº 500/18, mediante el cual requiere al Poder Ejecutivo Provincial, que a través de las áreas correspondientes articule en forma conjunta con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,  para proceder a la celebración y firma del convenio marco de Colaboración y Cooperación, a fin de implementar en todo el territorio de la provincia de santa cruz, el Sistema de Dispositivos Duales de Supervisión, Monitoreo y Rastreo de Agresores y Víctimas de Violencia Doméstica, en el marco del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres (2017 – 2019).-

La iniciativa del legislador, está en línea con el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (2017-2019) elaborado por el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y presentado por el Gobierno Nacional a comienzos del año 2017.-

“Este Plan responde a las obligaciones del Estado argentino respecto a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, en particular la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, (Belem do Pará). Asimismo, tiene por objetivo implementar la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales y refleja que la erradicación de la violencia hacia las mujeres es una política prioritaria del Estado Nacional. A la vez que se enmarca en la Agenda de Desarrollo Sostenible y está en línea con el objetivo de lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas; eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación”, explicó Alberto Lozano.-

Por su parte, comentó: “En este marco, en el mes de junio del año en curso, la Gobernadora Dra. Alicia Kirchner firmó un Acta de Compromiso por la cual la provincia de Santa Cruz adhiere a este plan. Con la rúbrica del acta, Santa Cruz forma parte de las jurisdicciones que se han adherido y de esta manera, en conformidad con las disposiciones que establece dicho marco normativo, la provincia se compromete a apoyar la creación y fortalecimiento de las áreas mujer local, fortalecer las estadísticas locales sobre violencia contra las mujeres y contribuir a la consolidación del sistema nacional estadístico (Registro Único de Casos – INDEC), y adecuar el Plan Nacional de a las necesidades y especificidades de la provincia de Santa Cruz”.

Puesta en Marcha:

En este contexto, el Plan de Acción constituye una herramienta de planificación estratégica e integral que contempla la sistematización de acciones y medidas, la elaboración de diagnósticos, el monitoreo y la evaluación del progreso de las líneas de acción y la articulación con las provincias para alcanzar standards de protección y prevención en todo el país.

En este sentido, el diputado provincia sostuvo que “La puesta en marcha de este plan de acción se formaliza a través de la suscripción de un convenio entre el Ministerio de Justicia y DDHH de Nación y el organismo del Poder Ejecutivo provincial encargado de su implementación, como ya lo han efectuado las provincias de Córdoba, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Chubut, Neuquén, Santa Fe, La Pampa y Tierra del Fuego”.

Seguidamente el legislador comentó que “El convenio tiene como fin la implementación de pulseras duales para casos de violencia de género, incluyendo a víctimas y agresores. Además, junto a un acta complementaria, se específica las acciones conjuntas y coordinadas entre las partes a los fines de implementar, en casos de alto riesgo de violencia de género los mecanismos de protección a mujeres víctimas y la implementación de tobilleras para los agresores con medida cautelar decretada. Asimismo, dispone el funcionamiento y capacitaciones para el Sistema de Monitoreo para dichas herramientas, destinando competencias a cada organismo interviniente”.

Asimismo agregó, “Las tobilleras y pulseras  electrónicas son herramientas de última tecnología usadas en el control, monitoreo y aseguramiento de medidas cautelares dispuestas en el marco de procesos judiciales de violencia contra la mujer. Su uso está previsto para casos de alto riesgo. Estos dispositivos están en permanente contacto con el centro de monitoreo correspondiente. Cuando detecta una proximidad entre la víctima y el agresor, se le advierte que debe salir del lugar. En caso de no cumplirse, se convoca a un móvil policial, además de avisarle a la posible víctima para que tome medidas de autocuidado”.

Entre otros aspectos –dijo Lozano- “Nación provee los dispositivos y el sistema informático, y los capacitan. Luego la provincia es quien tiene a su cargo el control y seguimiento de las parejas a través del Centro de Monitoreo y Gestión (base de la respuesta de todo el servicio), que debe funcionar las 24 horas los 365 días del año,  y poseer ciertos recursos técnicos y humanos. En general las provincias que ya poseen los dispositivos de arresto domiciliario suelen centralizar los recursos humanos y técnicos existentes para abarcar ambas iniciativas”.

Por otro lado,  en el proyecto se  destaca que es recomendable que el área a cargo de la ejecución del servicio tenga acabado conocimiento sobre la dinámica judicial y sus procesos para que la implementación sea exitosa (las áreas de gobierno a cargo de políticas de género son las más adecuadas). Finalmente, es importante que desde la provincia se dé un marco legal que respalde el accionar del área y su interacción con otros organismos.

Finalizando el Diputado Alberto Lozano, hizo referencia en que “La violencia contra las mujeres es uno de los principales flagelos de nuestros días y nuestra provincia no es ajena esta problemática y requiere de un abordaje integral, ya que proviene de un sistema social machista que produce y reproduce relaciones de poder desiguales en que se vulneran los derechos de las mujeres; pero requiere también de medidas inmediatas y particulares que pongan en funcionamiento herramientas para salvaguardar el derecho fundamental a la vida, la libertad y la integridad física de aquellas mujeres que sufren violencia.

En este sentido –expresó Lozano- “Entendemos que el uso de estos mecanismos de protección representa un cambio de modelo para la atención de esta problemática. Entre otros beneficios, permite que la víctima pueda retomar sus actividades cotidianas fuera y dentro de su residencia, sin quedar desprotegida por el Estado”.

Además, agregó: “La realidad indica que la violencia de género es una problemática que atraviesa todos los sectores de la sociedad y pone en evidencia la producción y reproducción de la desigualdad, la discriminación y vulnera todos los derechos de las mujeres. Según el Informe 2015 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una mujer es asesinada cada 37 horas por el hecho de ser mujer”.

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