El Proyecto de Ley  de autoría del Diputado Alberto Lozano, buscar dar un marco normativo a la Accesibilidad de Personas con Movilidad Reducida, estableciendo como prioridad  la supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos, arquitectónicos y del transporte que se realicen o en los existentes que remodelen o sustituyan en forma total o parcial sus elementos constitutivos, con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida.

En referencia al proyecto el legislador manifestó: “Esta Ley de accesibilidad para personas con movilidad reducida, propone una serie de cuestiones a los efectos de mejorar la calidad de vida de un sector vulnerable de la sociedad”.

“La iniciativa establece como prioridad la supresión de las barreras físicas en los ámbitos urbanos, arquitectónicos y del transporte que se materialicen en lo futuro, o en los ya existentes que remodelen o sustituyan en forma total o parcial sus elementos constitutivos, con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida” dijo lozano.

El Proyecto

Entre los aspectos más relevante, el proyectos define como accesibilidad la posibilidad de las personas con movilidad reducida de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía como elemento primordial para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, sin restricciones derivadas del ámbito físico urbano, arquitectónico o del transporte, para su integración y equiparación de oportunidades. Además establece que se entiende como barreras físicas urbanas las existentes en las vías y espacios libres públicos, a cuya supresión se debe propender al cumplimiento de criterios fijados en la normativa y por barreras arquitectónicas las existentes en los edificios de uso público, sea su propiedad pública o privada, y en los edificios de vivienda; a cuya supresión se debe tender por la observancia de los criterios contenidos en el artículo 4º de la normativa en cuestión. Por último y en cuanto a las  barreras en los transportes, las define como aquellas existentes en el acceso y utilización de los medios de transporte público terrestres, aéreos y acuáticos de corta, media y larga distancia, y aquellas que dificulten el uso de medios propios de transporte por las personas con movilidad reducida; a cuya supresión se tenderá por observancia de los criterios del artículo 8º.-

Asimismo, se instituye que los edificios de uso público deberán observar en general la accesibilidad y posibilidad de uso en todas sus partes por personas de movilidad reducida; En particular la existencia de estacionamientos reservados y señalizados para vehículos que transporten a dichas personas, cercanos a los accesos peatonales; Asimismo y por lo menos, un acceso al interior del edificio desprovisto de barreras arquitectónicas; espacios de circulación horizontal que permitan el desplazamiento y maniobra de dichas personas, al igual que comunicación vertical accesible y utilizable por las mismas, mediante elementos constructivos o mecánico; y servicios sanitarios adaptados.

Seguidamente el proyecto de ley determina que los edificios destinados a espectáculos deben tener zonas reservadas, señalizadas y adaptadas al uso por personas con sillas de ruedas. Los edificios en que se garanticen plenamente las condiciones de accesibilidad ostentaran en su exterior un símbolo indicativo de tal hecho. Las áreas sin acceso de público o las correspondientes a edificios industriales y comerciales tendrán los grados de adaptabilidad necesarios para permitir el empleo de personas con movilidad reducida.

Siguiendo estos lineamientos, establece que las viviendas colectivas con ascensor deben contar con un itinerario practicable por las personas con movilidad reducida, que una la edificación con la vía pública y con las dependencias de uso común. Asimismo, deberán observar en su diseño y ejecución o en su remodelación, la adaptabilidad a las personas con movilidad reducida, en los términos y grados que establezca la reglamentación. En materia de diseño y ejecución o remodelación de viviendas individuales, los códigos de edificación han de observar las disposiciones de la presente ley y su reglamentación. En las viviendas colectivas existentes a la fecha de sanción de la presente ley, deberán desarrollarse condiciones de adaptabilidad y practicabilidad en los grados y plazos que establezca la reglamentación.

En cuanto a los plazos, el proyecto dispone que las prioridades y plazos de las adecuaciones establecidas en la presente Ley relativas a barreras urbanas y en edificios de uso público serán determinadas por la reglamentación, pero su ejecución total no podrá exceder un plazo de tres (3) años desde la fecha de sanción de la presente ley. En toda obra nueva o de remodelación de edificios de vivienda, la aprobación de los planos deberá requerir imprescindiblemente la inclusión de las normas establecidas en la presente. Las adecuaciones establecidas en el transporte público deberán ejecutarse en un plazo máximo de un año a partir de reglamentada la presente. Su incumplimiento podrá determinar la cancelación del servicio.

En este contexto, Lozano sostuvo que “Se pretende así, alcanzar nuevos niveles de bienestar general, estableciendo disposiciones destinadas a facilitar la accesibilidad y la utilización para todos los ciudadanos, de las nuevas realizaciones a concretarse en los espacios libres de edificación y en los edificios y locales de uso o concurrencia de público, ya sean estos de titularidad o dominio público o privado, así como respecto de las unidades de transporte de pasajeros que constituyan servicio público”.

Seguidamente el legislador expresó que “Se busca mejorar la calidad de vida de toda la población y, específicamente, de las personas con movilidad reducida – o con cualquier otra limitación – es un objetivo acorde con el cumplimiento del mandato constitucional que consagra el principio de igualdad para todos los habitantes, el cual ya ha comenzado a desarrollarse aquí en la provincia a partir de la Ley 1.662, modificatorias y algunas otras normativas en la materia”.

Y agregó: Es nuestra responsabilidad como legisladores plasmar los instrumentos necesarios para hacer efectivo un entorno apropiado para todos, mediante la creación de adecuados mecanismos de promoción, control y sanción específicamente en lo que atañe a la supresión de barreras. Es importante emprender esfuerzos colectivos para dar un mayor impulso a los procesos de inclusión social, que son una expresión más del principio de igualdad supradicho.

“Nuestra sociedad está experimentando una plausible evolución hacia la integración de las personas con discapacidad, las que – a su vez – tienen creciente voluntad de presencia y participación en el accionar social y económico. Es por ello, que los poderes públicos deben fomentar enérgicamente esa actitud con decisiones firmes que faciliten la integración plena de los aludidos conciudadanos”, concluyó Alberto Lozano.

 

 

 

 

 

 

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