Fue en el marco del II Encuentro del Bloque Patagónico, realizado en la ciudad de Comodoro Rivadavia, a partir del pedido de Matías Mazú y de los trabajadores de YCRT. Santa Cruz estuvo representada además por el Vicegobernador Pablo González, diputados provinciales, intendentes y la senadora Ana María Ianni. Recordaron que “los legisladores nacionales Eduardo Costa y Roxana Reyes no defienden los intereses de Santa Cruz en el Congreso de la Nación”.
Este viernes 31 de Agosto, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, bajo el lema “La Patagonia nos une”, se llevó a cabo la segunda reunión del Bloque Patagónico, que nuclea a legisladores nacionales, provinciales y municipales, Intendentes, trabajadores y representantes de los Gobiernos de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, La Pampa, Río Negro y Neuquén, conformado con el objetivo de frenar las políticas de ajuste del Gobierno Nacional.
Hasta allí se trasladaron el Vicegobernador Pablo González, el presidente del Bloque del Frente para la Victoria – Partido Justicialista, Matías Mazú, junto a los diputados Carlos Santi, Oscar Lemes, Víctor Álvarez y César Ormeño, la senadora nacional Ana María Ianni, los Intendentes de Gobernador Gregores, Héctor Vidal, y de Puerto Santa Cruz, Néstor González, además del presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga, y representantes de los trabajadores de YCRT.
Al momento de hacer uso de la palabra, el diputado Mazú explicó el impacto perjudicial de las políticas nacionales en Santa Cruz, a partir del recorte de las Asignaciones Familiares para los trabajadores en relación de dependencia nacional y privados, la eliminación del Fondo Soja, como así también la limitación del envío de fondos para el sostenimiento del sistema previsional, entre otras, rechazos que fueron acompañados de manera unánime por la Legislatura santacruceña, y recordó que “los legisladores nacionales Eduardo Costa y Roxana Reyes no defienden los intereses de Santa Cruz en el Congreso de la Nación, no dando quórum para defender los derechos de la Patagonia”.
También, junto a los trabajadores mineros, entre los que se encontraba Miguel Páez de ATE Río Turbio, pidieron la colaboración de los legisladores nacionales para “el fortalecimiento de la partida presupuestaria para el Yacimiento, que permita finalizar la obra de la Central Térmica de Río Turbio, y sostener su continuidad”, a la vez que relataron “los padecimientos que vienen sufriendo desde la asunción de la Intervención de YCRT, a cargo de Omar Zeidán, donde se les impuso cientos de retiros voluntarios, despidos, y un Procedimiento Preventivo de Crisis mediante el que se busca desconocer la existencia de los distintos Convenios Colectivos de Trabajo” de los cuatro sindicatos que allí se desempeñan.
Finalmente, se elaboró un documento en el que las provincias detallan cada una de las medidas del Gobierno Nacional que perjudican a la región, como la paralización de la obra pública nacional; la quita de los reembolsos por puertos patagónicos; la eliminación del precio diferencial de los combustibles; además de la quita de la zona desfavorable en las asignaciones familiares y del 40% de zona en los haberes jubilatorios; como así también respecto de la implementación del Pacto Fiscal “achicando las alícuotas de los impuestos a los ingresos brutos y los sellos, se generarán mayores problemas para las cuentas de los Estados provinciales y municipales”, según se expresa.
Cabe destacar que la próxima reunión tendrá lugar el 14 de Septiembre en Neuquén, oportunidad en la que también se realizará el primer encuentro del año del Parlamento Patagónico, que nuclea a legisladores provinciales de la región, y que en Santa Cruz lo integran Matías Mazú, Matías Bezi, Carlos Santi, César Ormeño, Daniel Gardonio, Alberto Lozano y Santiago Gómez.
El documento en defensa de los derechos de la Patagonia
«Estamos reunidos para rechazar el modelo de ajuste, discriminación, pobreza, destrucción productiva y reducción de derechos que quieren imponernos a todos los patagónicos y al resto de los argentinos; a través de un modelo neoliberal y tremendamente centralista que no escucha a la sociedad y le da la espalda a las demandas de la mayoría, sobre todo si son de la región patagónica.
Desde el comienzo este gobierno del presidente Mauricio Macri ha desarrollado una fuerte política de discriminación y de desinterés sobre la región patagónica, mostrando además un desconocimiento marcado de las particularidades de la región.
La apuesta del devaluado macrismo, al que lo mercados ya no le creen ningún tipo de anuncio, apunta a consolidar el achicamiento del gasto público nacional, trasladando el costo político a las provincias y el peso del ajuste a los usuarios, trabajadores, jubilados y sectores más desfavorecidos; convirtiendo a la Patagonia en una zona de sacrificio.
Es así como una región como la nuestra, que aporta riquezas a las arcas de la Nación termina castigada: sin obra pública nacional de envergadura, sin reembolso por puertos patagónicos, sin precio diferencial del combustible.
Bajo esta misma lógica, se quita un elemento dinamizador de las economías como el “Fondo Sojero”, lo que implica un recorte a la obra pública de las provincias de 8500 millones de pesos en lo que resta del año y 25.500 millones en 2019. El recorte inmediato de este Fondo frena inevitablemente las obras en ejecución con todas las consecuencias negativas para las economías locales que la parálisis de la construcción genera. En este contexto de crisis es inentendible e inadmisible la supresión de una medida tan anticíclica, reactivante y generadora de empleo.
Es indispensable que la dirigencia política Patagonia en su totalidad le ponga un límite al atropello al federalismo que este gobierno plasmó en el decreto 702, eliminando las zona desfavorable en las asignaciones familiares y sobre todo impedir que avance con la eliminación del 40% de zona en los haberes jubilatorios; lo que sería la llave para recortar los salarios de todos los trabajadores de la Patagonia.
Hay que señalar que los presupuestos enviados por el Poder Ejecutivo Nacional en 2017 y 2018 persisten en instalar una lógica centralista al momento de proyectar obras de infraestructura y de implementar el programa general del gobierno y el plan de inversiones públicas, postergando a la Patagonia. La obra pública ya fue reducida en 1.400 millones en la región en el primer semestre del año pero el achicamiento podría llegar a los 13.600 millones anuales.
Es así que se verifican en el presupuesto previsiones de obras anuales o plurianuales a nivel nacional, que no se impulsan ni se licitan. Comprometen asistencia del gobierno federal que nunca se materializa en la práctica. Para muestra basta el promocionado “Plan Patagonia” vaciado de contenido en materia de concreciones.
A partir de los recortes que busca instrumentar en las provincias el Gobierno nacional con el Pacto Fiscal, achicando las alícuotas de los impuestos a los ingresos brutos y los sellos, se generarán mayores problemas para las cuentas de los Estados provinciales y municipales. Frente a este panorama queda demostrado que el principal problema para las provincias es la reducción de los fondos que ingresan a las arcas públicas como consecuencia de la discrecionalidad del reparto desde la Nación, y que ninguna política de ajuste provincial podría resolver los profundos desequilibrios presupuestarios existentes.
Somos una región rica en recursos, sobre los cuáles avanzan, pisoteando nuestros derechos y habilitando la extranjerización de nuestra tierra. Debemos proteger nuestro territorio por su ubicación y riquezas estratégicas. Su explotación generó y genera extraordinarias ganancias para nuestro país, pero no queremos quedarnos en el mero extractivismo, sino impulsar la industrialización en todas las áreas de la producción, creando empleo genuino y valor agregado. Que quede claro, no vamos a renunciar jamás al control de nuestros recursos. No vamos a dejar que deroguen la “Ley Corta” hidrocarburífica.
La educación es la herramienta transformadora de la sociedad por excelencia. Sin educación no hay futuro. No vamos a permitir que les cierren la puerta de la educación universitaria a los hijos de los obreros. No podemos dejar caer a las universidades nacionales del interior que le dan la oportunidad de estudiar a miles de jóvenes que no podrían de otra manera afrontar los gastos de instalarse en otra ciudad para acceder a una carrera.
Vemos que el país enfrenta una situación límite debido a las malas decisiones del gobierno nacional, que traerá consecuencias económicas y sociales gravísimas y difíciles de revertir si no actuamos inmediatamente. Los índices de pobreza escalan mes a mes, tanto o más que la inflación. El poder de compra de los asalariados se licúa diariamente mientras que la presión tributaria asfixia a productores, comercios y empresas. Las continuas subas en los servicios públicos pone a muchos argentinos en la disyuntiva de pagar o llevar un plato de comida a su mesa. Todo esto sumado al ensañamiento contra las provincias y los municipios nos compromete más que nunca para lograr una unidad regional con fuerte representación parlamentaria para rechazar estas medidas y pedir la inmediata derogación de los decretos 702 y 756.
La construcción de la Patagonia que soñamos no puede prescindir de nadie, piense lo que piense cada uno y pertenezca al partido que pertenezca. Sólo actuando como una unidad podremos defender con éxito nuestros derechos. La Patagonia nos une.”
