Para Aprosa la persecución a los dirigentes gremiales es otra intromisión de Alicia y Cristina en el poder judicial

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El gremio de los profesionales dijo que “el gobierno utiliza a la justicia para imponer una agenda” que esconde la verdadera realidad del “desastre social” que vive la provincia. Asimismo respaldó a los dirigentes sindicales apuntados y en especial a Hugo Jerez, e indicó, que si los medios de comunicación se enteran primero de esta imputación, habla de una clara connivencia entre la gobernadora, la actual senadora nacional y el poder judicial para tratar de acallar el reclamo social.

Sin haber recibido alguna notificación, el secretario gremial de APROSA, Hugo Jerez, junto a los dirigentes sindicales Juan Manuel Valentín y Diego Barrionuevo, se enteró extraoficialmente que habría sido imputado de manera arbitraria por la jueza Rosana Suárez en los hechos ocurridos del pasado  21 de abril de 2017 en la residencia oficial, luego de que un importante grupo de personas se manifestaran reclamando por el pago de los sueldos adeudados en tiempo y forma, cuando la ex presidente de la nación, Cristina Kirchner se encontraba en la residencia oficial.

Acerca de esta decisión judicial que tomaría la magistrada, “APROSA dijo sentirse perseguido” por el obrar de esta funcionaria judicial quien claramente direcciona sus sentencias en sentido  a la calle Alcorta 231 de la capital provincial.

En este contexto APROSA manifestó su repudio contra esta posible medida, ya que “intencionalmente, en democracia, se busca silenciar el reclamo social y acallar las voces” de aquellos que salen a la calle a defender los derechos laborales de los compañeros, que deben padecer la triste gestión de un gobierno, que no sólo no resuelve nada, sino que además, profundiza esta crisis, siguiendo el mismo libreto de ajuste que le escriben desde el gobierno nacional, recibiendo las felicitaciones de sus ministros por haber pisoteado por segundo año consecutivo los sueldos de los trabajadores.

Al respecto el gremio advirtió que seguirá reclamando, le guste o no a Alicia, a Cristina o Máximo Kirchner, y reflejó  que seguramente con esta decisión judicial el gobierno provincial, busca tirar una “bomba de humo” para tratar de distraer la atención, de todas formas-agregó- ningún artilugio va esconder la gravedad institucional de la salud pública, donde los hospitales se prenden fuego, faltan insumos, la estrepitosa carencia de profesionales, una obra social estatal en picada, los magros salarios y los arreglos oscuros por parte de los directores con la complicidad de los responsables del ministerio.

Por último desde el gremio mostraron su solidaridad con el secretario gremial y pidieron a las autoridades judiciales que esta rapidez manifiesta, puesta al servicio de Alicia Kirchner, también se pueda ver reflejada en otras causas cajoneadas, para que los santacruceños y el país, puedan conocer la verdad, por ejemplo, sobre la desaparición de los 500 millones de dólares por la venta de YPF, sobre los manejos espurios en la obra pública de la provincia administradas por un solo empresario amigo, o por el  abandono político de los hospitales públicos, o por el desfinanciamiento de la caja de servicios sociales, o la falta de agua y los desbordes cloacales en zona norte, entre otros temas más, sentenciaron desde APROSA.

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