Para el titular de Distrigas, la Nación es quien debe hacer “el esfuerzo” para alivianar la carga fiscal en las boletas de luz y gas, quitando el IVA. Fernando Cotillo señaló que de 2016 a la fecha el aumento ya es del 1.500% y aseguró que las boletas santacruceñas no tienen impuestos provinciales. Con apenas 200 beneficiarios de tarifa social que tiene la empresa, trabajan para flexibilizar los requisitos que existen para su acceso.

El martes, el presidente Mauricio Macri reclamó a las provincias que eliminen impuestos jurisdiccionales para atenuar el gran impacto generado por los tarifazos en los servicios de luz y gas. La iniciativa se llama “Ley de Transparencia en la Facturación de Servicios Públicos Esenciales”, tiene trece artículos e incluye sanciones a quienes incumplan con su articulado.

El punto central de la iniciativa es el artículo seis, que establece: “Las facturas de los servicios públicos esenciales” deberán “contener exclusivamente los cargos por el consumo realizado por el usuario, calculado según el cuadro tarifario vigente al momento de la facturación, más los cargos por mayor consumo y subsidios si correspondiere”, incluyendo IVA e Ingresos Brutos “si correspondiere” también.

En respuesta, desde varias provincias reclamaron que el Gobierno Nacional absorba el IVA en las facturas de los servicios, eliminando así el 21% del costo total, al igual que ellos avanzarían en la exención de Ingresos Brutos. Ayer el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, no descartó una reducción del gravamen, aunque aclaró que se trata de una cuestión “difícil”.

En referencia a este punto, el presidente de Distrigas, Fernando Cotillo, habló del proyecto que ingresó ayer a la Legislatura por el que se pide eximir de Ingresos Brutos sólo a Servicios Públicos. “Impactaría en un 2,5%. Tampoco es que va a ser un impacto terrible”, y enfatizó la necesidad de que Nación saque el IVA del 21% a la factura. “Si sacamos estos dos números llegaríamos a una rebaja de casi el 25% y el aumento real sería sólo del 11% aproximadamente (en referencia a la última suba del 36% fijada desde abril)”, por lo que insistió, en diálogo con el programa “El Tintero” por LU12 Radio Río Gallegos, que “el esfuerzo lo tiene que hacer el Gobierno Nacional”.

Los aumentos

Para explicar la situación actual de los costos del gas, el funcionario provincial hizo un racconto de los sucesos y decisiones políticas que llevaron a que en Santa Cruz “el 50 % de los usuarios recibe el gas de Camuzzi y el 50% de Distrigas”, y que ambos están regulados por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), “que te dice cuál es la factura que debes cobrar o cuánto tenés que cobrar por el servicio de conexión. Está todo regulado”.

“Por eso –continuó- es que cuando vinieron los grandes aumentos, la gobernadora anunció que en el tema de la energía iba a asumir el costo. En el gas no se pudo hacer eso porque no se puede meter mano en la factura. Por ejemplo en Gallegos, que está compartida la distribución, la factura que recibe un usuario en el casco urbano es la misma que recibe un usuario en el San Benito”, ejemplificó.

En ese contexto, recordó que “en abril de 2017 vino un aumento del 50%, en diciembre de 2017 de 250% -que es lo que están recibiendo últimamente los usuarios- y ahora, a partir de abril, tenemos una suba del 36% más”.

Además, dijo que a esos incrementos “hay que sumarles que para la Patagonia el gas está subsidiado y hoy lo que hace el Gobierno Nacional es achicar esa brecha del subsidio. Hasta 2016, lo que pagabas era el 20% de la factura. El 80 estaba subsidiado por el Gobierno Nacional. Ese subsidio también se achicó al 40/50%. En total estas pagando más del 1500% de aumento”, advirtió.

“De acuerdo a su estrategia, este Gobierno apunta a que esa brecha de subsidio no exista más” dijo, y planteó que “lo que se está discutiendo aquí también es quién se hace cargo de este subsidio”.

Tarifa social

Por otro lado, Cotillo confirmó que hoy “hay casi 200 usuarios en la provincia sobre 50 mil” y dijo que si bien “es un número que no mueve la aguja”, se ha pasado “de cero a esa cifra”.

Aseguró que el Gobierno Provincial trabaja “en un esquema que contemple a esas personas que deben acceder a la tarifa social”, pese a existir una ley a nivel nacional que ya lo hace, pero con requisitos que cercenan las posibilidades para los patagónicos.

“En Santa Cruz hay mucha gente que no puede cumplir con esos requisitos que se plantean a nivel nacional”, y ejemplificó: “como el requisito del auto (que quien solicite esa tarifa no puede tener un vehículo con menos de 10 años de antigüedad), porque aquí el auto es un artículo de casi necesidad y no de lujo. En estos casos, el Ejecutivo Nacional tendría que tener otra mirada para la Patagonia”, reclamó.

(Fuente: La Opinión Austral)

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