Los procuradores generales de Chubut, Río Negro y Neuquén firmaron ayer un convenio con el Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Patricia Bullrich, para fijar políticas de persecución penal conjuntas tendientes a abordar «el fenómeno criminológico vinculado al accionar de la organización denominada Resistencia Ancestral Mapuche, o cualquier otro grupo radicalizado que utilice como metodología la violencia para lograr sus objetivos o imponer sus ideas».
Luego de que los gobiernos provinciales de Chubut, Río Negro y Neuquén junto al Ministerio de Seguridad de la Nación, anunciaron la creación de un comando unificado para la lucha contra Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), ayer las tres provincias dieron un nuevo paso para avanzar en ese objetivo, que ahora involucra al Poder Judicial.
En Buenos Aires, los procuradores Generales de las tres provincias patagónicas, Jorge Luis Miquelarena por Chubut; José Ignacio Gerez por Neuquén, y Jorge Oscar Crespo por Río Negro, firmaron un convenio con el ministerio que conduce Patricia Bullrich para la creación de una mesa de trabajo. La misma tendrá como objetivo fijar políticas de persecución penal conjuntas tendientes a abordar “el fenómeno criminológico vinculado al accionar de la organización denominada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y/o cualquier otro grupo radicalizado que utilice como metodología la violencia para lograr sus objetivos o imponer sus ideas”.
La mesa también permitirá el intercambio de información judicial relevante que pueda ser de utilidad para el esclarecimiento de casos penales relacionados a la actividad delictual desarrollada por dichas organizaciones.
Según se informó, además de los procuradores Generales de las tres provincias patagónicas, la mesa incorporará a los fiscales provinciales involucrados en las investigaciones judiciales, los fiscales federales con competencia en esos territorios, y personal policial de investigaciones de las referidas provincias.
“UN GRUPO RADICALIZADO”
Desde el Poder Judicial de Chubut, señalaron que “el documento suscripto apunta a un grupo radicalizado, cuyo accionar se caracteriza por hechos de agresión y violencia, consignas secesionistas y reivindicación de la lucha armada como medio para lograr sus objetivos».
Además, señalaron “que los hechos violentos cometidos” por esas organizaciones “atentan contra el resguardo de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones”.
Por otro lado, confirmaron que el acuerdo compromete a la Nación a poner a disposición de los Ministerios Públicos los recursos humanos y materiales, sistemas y herramientas con los que cuenta, a fin de brindar cooperación en las investigaciones que tendrían alguna vinculación con algún miembro de la RAM y/o cualquier otro grupo radicalizado de estas características.
Mientras que los Ministerios Públicos podrán solicitar a la Nación la incorporación de ofrecimientos de recompensas a través del Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia. Y el Gobierno pondrá en conocimiento de las Fiscalías cualquier denuncia que reciba a través de los canales institucionales habilitados: la línea 134, la 0800 555 5065 y la dirección de correo electrónico juntoavos@minseg.gov.ar.
Fuente: El Patagónico.
