Nuevo revés judicial al gobierno de Alicia Kirchner por el nombramiento de Gaitán

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La justicia provincial dio a conocer el fallo de primera instancia donde declara inconstitucional el nombramiento de Romina Gaitán en el Tribunal de Cuentas

«El Juez dispuso hacer lugar a nuestra demanda y declaró la nulidad por inconstitucionalidad de la designación efectuada a propuesta del Poder Ejecutivo por contraponerse al principio de razonabilidad, dispuesto en art. 28 Constitución Nacional y en el articulo 17 Constitución Provincial, y al principio de transparencia, previsto en los artículos 5, 6 y 7 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción», remarcó el Dr. Javier Stoessel miembro del Tribunal de Cuentas, quien requirió la medida ante la justicia, mediante acción de amparo iniciada con el patrocinio de la Dra. Diana Huerga Cuervo.

Tanto Fiscalía de Estado como la Dra. Gaitán (cónyuge del Ministro de Gobierno de la Provincia, Fernando Basanta) se opusieron alegando la inexistencia de norma expresa que impidiera la designación. Sin embargo, el Juez de la causa basó su decisión en la aplicación de principios superiores, en particular la Convención Americana contra la Corrupción, a la que adhirió nuestro país en el año 2.005, la que conforme al artículo 75 inc. 22 de la Constitución tiene carácter supre-legal (de mayor jerarquía a las leyes). Dicha convención, consagra el principio de transparencia, y establece limitaciones y estándares que deben observarse en las designaciones en organismos de control, como garantía de buen gobierno hacia los ciudadanos que prevengan actos de corrupción (con independencia de la honorabilidad de los sujetos involucrados), exigiendo garantizar la independencia necesaria en la conformación de los organismos de control para desarrollar su función sin ninguna influencia indebida; interpretación también acorde a lo exigido por el art. 17 de la Constitución Provincial y el artículo 2 del Código Civil y Comercial. Indica que idénticos principios se encuentran en la Convención Interamericana Contra la Corrupcion (Ley 24.7559) y que “De ninguna manera parece que designar en un órgano de control externo a un familiar cercano de un alto funcionario ejecutivo, cumpla con los recaudos, recomendaciones y principios referidos y a los que se comprometió el Estado Argentino … desconocer el alcance de la normativa convencional mencionada o de los principios constitucionales referidos … importa tanto como convertir su letra en una declamación puramente retórica …”

Señala asimismo que se violó el principio de razonabilidad contenido en el artículo 28 de la Constitución Nacional, atendiendo a los fines y funciones del organismo de control en el sistema republicano. El Juez sostiene en su sentencia que de tales principios superiores de gobierno de aplicación necesaria en nuestro derecho positivo, surge la necesidad de un razonable grado de ajenidad (garantía de neutralidad) respecto del poder controlado. Sostiene el Juez en su fallo que “… No se trata de poner en duda las calidades técnicas y éticas que la Dra. Gaitán seguramente posee; más bien debemos preguntarnos si en casos como el presente, dadas las tareas que tienen encomendadas el Tribunal de Cuentas, no deben prevalecer, por sobre los intereses individuales, principios jurídicos protectorios del sistema republicano, sus valores y el interés comunitario implicado …”, y sostiene más adelante que “… la designación de una persona que tiene un vínculo familiar tan estrecho con una figura central del gobierno incorpora un factor de riesgo innecesario allí donde el sistema debe dar garantías mínimas a la ciudadanía…”. Entre otros aspectos, donde luego de un extenso fallo el Juez concluye en que “… la Designación de la Dra. Gaitán no cubre las garantías mínimas que debe aportar el estado en orden a la conformación de un órgano de control externo. De este modo se ve comprometido el principio de razonabilidad (art. 28 CN) pues la designación desvirtúa los fines mismos del sistema de control y los valores y principios republicanos allí implícitos…”

Cabe recordar que la justicia ya había suspendido el juramento de Gaitán, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, lo que se hizo por esta medida.

En este sentido, Stoessel señaló que el fallo constituye un precedente importante hacia el saneamiento de las instituciones republicanas y de control en Santa Cruz, las que se encuentran seriamente deterioradas por su utilización disfuncional en los últimas dos décadas, donde antes que fortalecer su rol republicano, se buscó sistemáticamente deteriorarlo para evitar el control y contrapeso en el ejercicio del poder. Esta discusión se tendría que plantear en los próximos años en nuestra Provincia, en una evaluación integral y seria, tenemos que advertir que el rol de los organismos que debieron servir de contrapeso cumplieron un rol meramente formal (Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Jurado de Enjuiciamiento, y la misma legislatura); porque la situación que hoy atraviesa la provincia no es extraña a esta ausencia de control del poder.

Fuente: La Tecla Patagónica

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