Anulan la condena a una trabajadora de Fundación por corte de ruta en Caleta Olivia

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Foto de archivo

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió hacer lugar al recurso de casación interpuesto por Carolina Ana María Rossi sentenciada a tres meses de prisión en suspenso. El corte de ruta fue realizado por trabajadores de la “Fundación Olivia” quienes amenazaban con arrojar bombas “molotov” a un camión de transporte de combustible si no se retiraba la policía.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió hacer lugar al recurso de casación interpuesto por una mujer que fue condenada por participar de un piquete en la Ruta Nacional 3 en Caleta Olivia en octubre de 2012.
El recurso que anula la sentencia, fue presentado por el defensor de Carolina Ana María Rossi, quien había sido condenada por el Juzgado Federal de Caleta Olivia, el pasado 20 de marzo, como coautora penalmente responsable del delito de interrupción de transporte terrestre sobre la Ruta Nacional 3, a la pena de tres meses de prisión y las costas del juicio, y que cuyo cumplimiento se deja en suspenso.
Conforme surge de la sentencia, la presente causa se inicia con un preventivo de la Policía de la Provincia de Santa Cruz anoticiando que el 22 de octubre de 2012 en la banquina de la Ruta Nacional 3, un grupo de 60 personas pertenecientes a la empresa “Fundación Olivia” se manifestaban por un reclamo salarial. En este parte, se precisó que a las 13:40 los manifestantes procedieron a cortar la normal circulación vehicular, mediante la modalidad de quema de cubiertas, y que habían demorado camiones de la empresa YPF para subirse a la parte superior profiriendo amenazas de encender botellas con combustible (tipo bomba “molotov”) si el personal policial no se retiraba del lugar.
En el lugar del hecho, y a raíz de la orden de desalojo, fueron detenidas veintiséis personas, quienes posteriormente fueron procesadas. Elevada la causa a juicio, se extinguió la acción penal respecto de Marcelo Augusto González por fallecimiento, se le concedió el beneficio de la suspensión del juicio a prueba a todos los imputados con excepción de Carolina Ana Rossi; a cuyo respecto se realizó el juicio.

Falta de congruencia
El defensor público oficial, doctor Claudio Augusto Amarante, fue quien elevó el recurso a favor de Rossi, en la que se quejó de la falta de material probatorio para sustentar la condena. Para fundar su postura, analizó la prueba recolectada durante la audiencia de debate y desvirtuó las pruebas de cargo.
En efecto, afirmó el defensor que de los dichos de Bruno Damián Schmechel y de Víctor Horacio Ramos surgía que su defendida no había entorpecido, impedido ni estorbado el normal funcionamiento de los transportes por tierra, y que tampoco se la había podido identificar fehacientemente.
En este orden, sostuvo que “tan solo se acreditó su presencia en la manifestación de manera pacífica, donde se la observa de brazos cruzados caminando por la banquina”.
Asimismo, rebatió la conclusión del a quo en cuanto había afirmado que su defendida había actuado con dolo porque sostuvo que no había constancia alguna de que se hubiera notificado a su defendida de la ilicitud de su conducta. Reiteró que tampoco estaba debidamente acreditado que su defendida hubiera estado en coordinación con el grupo que se estaba manifestando.
Además indicó una falta de congruencia en la sentencia recurrida por cuanto, por un lado se sobresee a su defendida por el delito de resistencia a la autoridad y, por el otro, se la condena por el delito estipulado en el artículo 194 del Código Penal.
Agregó que la sentencia carecía de la fundamentación suficiente para ser considerada un acto jurisdiccional válido y que, por tanto, era arbitraria. Apoyó su postura en doctrina y jurisprudencia, se remarcó en el fallo emitido el jueves pasado y al que tuvo acceso TiempoSur.
También afirmó que no había sido descripta otra prueba de cargo en contra de Rossi que el haber estado parada formando parte del piquete sobre la Ruta Nacional 3. Añadió: “No existe responsabilidad penal objetiva por integrar un grupo.
Sin embargo, el hecho reprochado a Rossi es una suerte de imputación de pertenencia a un colectivo, no describe una conducta individual y deja fuera otras conductas realizadas por otras personas que verdaderamente pusieron en peligro la seguridad pública”.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal está integrada por el doctor Gustavo Hornos (presidente) y los doctores Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani (vocales).

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