Las asociaciones ADOSAC y Amet llevan más de 85 días de paro y meses de huelga ininterrumpida. Sin perspectivas de solución en el conflicto, el Gobierno pedirá hoy la nulidad del paro, aduciendo que es ilegal desde el momento que no acataron la conciliación obligatoria.

Para el Gobierno, la idea de las asociaciones que integran el gremio docente, ADOSAC y Amet es la de frustrar el calendario escolar. Así lo entienden por la sistematicidad en la definición de cinco días de paro semanales ininterrumpidas desde hace meses.

Hoy, con el pago de sueldos medianamente regularizado, la administración todavía no pudo hacer un ofrecimiento acorde a la caída del poder adquisitivo de los trabajadores, en un contexto a todas luces inflacionario.

En la jornada de hoy, la Fiscalía de Estado acudirá a la Justicia para presentar que la huelga sea declarada ilegal, atendiendo a que existiría un “ejercicio abusivo” del derecho al paro, que afecta a los estudiantes santacruceños a los que hoy el Estado no les garantiza el derecho a la educación.

La decisión de pedir la ilegalidad del paro fue anunciada la semana pasada por la presidenta del CPE, Cecilia Velásquez, en medio de una conferencia de prensa en la que el Gobierno mostró una posición más firme frente al conflicto, advirtiendo además que comenzarán a descontar los días no trabajados.

Aun cuando esto generó una reacción inmediata del gremio, sobre todo desde la ADOSAC, el fiscal de Estado, Fernando Tanarro, ya tiene listo el escrito que, echa mano al no acatamiento de la conciliación obligatoria que declaró la Secretaría de Estado de Trabajo en abril, como argumento fundamental para decir que los educadores actúan fuera de la ley.

“Sólo eso ya es motivo suficiente para declarar la ilegalidad” aseguraron fuentes gubernamentales a TiempoSur, indicando que otro de los aspectos que se tuvieron en cuenta, fue la jurisprudencia local. Sin ir más lejos, no hace mucho el Juzgado Civil dijo que la conciliación obligatoria no puede depender de la definición de una asamblea, sino que debe acatarse porque los gremios deben mostrar el mismo apego a las normas que cualquier ciudadano de a pie.

De todas formas, el eje central es, sin lugar a dudas, la colisión que existe entre el derecho a la huelga y el derecho a aprender que días atrás llevó al vocal por los padres, Juan Manuel Canale, a la presentación de un amparo en el Juzgado de la Familia de Diego Lerena, donde se celebró una audiencia de partes sin mayores resultados hasta ahora.

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En 2011 también se declaró ilegal

En junio de 2011, el entonces gobernador Daniel Peralta, realizó una cadena provincial, donde decretó un aumento del 25%  para el sector docente, a pagar en dos tramos, en medio de una huelga que ya llevaba 60 días.

Peralta presentaba, a través de la Fiscalía de Estado, la ilegalidad del paro tras fallos de la cartera laboral y de la justicia, que no fueron acatados y de una pérdida estimada en $ 200 millones en concepto de regalías, ya que los docentes habían decidido protestar con toma de edificios públicos, yacimientos y cortes de rutas.

En septiembre de ese año, el juez Enrique Arenillas, hoy camarista, falló a favor del Gobierno de Santa Cruz y declaró a los gremios en ilegalidad, aunque el paro ya se había levantado.

El fallo de Arenillas destacó a la conciliación obligatoria como un “mecanismo idóneo y de carácter obligatorio en la resolución de conflictos”, por lo que su incumplimiento es “una actitud claramente antijurídica”, definiendo como “extralimitaciones en el ejercicio del derecho de huelga” la toma de edificios públicos.

Fuente: Tiempo Sur

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