En un acuerdo llevado a cabo en la Casa Rosada entre funcionarios del Ministerio de Energía y legisladores de ambas Cámaras, se estableció la fecha de audiencia para el próximo 20 de julio en el Congreso. En diciembre del año pasado, la Corte Suprema había determinado frenar las obras para realizar un estudio ambiental.

En el encuentro, llevado a cabo el día martes, se determinó que la fecha para la audiencia pública por las represas de Santa Cruz sea el 20 de julio. Allí participaron técnicos del Ministerio de Energía, legisladores y el ministro de Ambiente, Sergio Bergman.

La Corte Suprema ordenó en diciembre del año pasado la suspensión de la obra principal de las represas sobre el río Santa Cruz. La razón de la suspensión se debió a que el inicio de la obra no podría darse hasta en tanto el Estado nacional no realizara un nuevo estudio de impacto ambiental referido a la modificación del proyecto original de la obra.

En tanto, la audiencia pública que iba a realizarse en Puerto Santa Cruz fue suspendida en el mes de mayo de este año cuando la jueza federal, Macarena Marra Giménez, así lo dispuso al dar lugar al pedido cautelar presentado por la Fundación “Banco de Bosques”.

La magistrada ordenó, en ese entonces, suspender dicha audiencia “hasta tanto se implemente por parte del Estado nacional el proceso de evaluación de impacto ambiental y audiencia pública”.

El estudio que consideraba el impacto ambiental de las obras en la Patagonia finalmente fue presentado hace una semana por el Ministerio de Energía.

Al respecto, el secretario de Estado de Ambiente de Santa Cruz, Ing. Mariano Bertinat, indicó que han «recibido el informe y lo evaluamos en la comisión evaluadora, de allí surgirá el dictamen técnico”. La misma se convocó para el día de ayer; “vinieron todos los profesionales del organismo que están involucrados en el proceso de evaluación ambiental y estamos ahora unificando el dictamen para mandarlo en el transcurso de la semana a Nación, tal como lo demanda el fallo de la Corte”, indicó Bertinat.

En cuanto a los plazos estimados para la concreción de la obra, el Secretario explicó que “dependen de la aprobación de los estudios de impacto ambiental”.

En este contexto, añadió: “Si bien las audiencias públicas no son vinculantes, si en una de ellas hubiera alguna observación fundada sobre el estudio -ya sea de la población o de los organismos de control- se puede revisar la obra”. Por lo que indicó que asegurar una fecha de inicio sería “subestimar el proceso de evaluación ambiental, razón por la cual nosotros nunca damos fechas porque, el dar fechas sin tener los trámites finalizados es, de alguna forma, jugar con las expectativas de algunos sectores de la población, ya sean trabajadores o proveedores”.

Finalizó haciendo hincapié en que “siempre hay que ser cautos en términos ambientales y hay que hablar según procedimientos administrativos oficiales”.

Fuente: Tiempo Sur

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