Con el patrocinio de Javier Pérez Gallart, así lo solicitó la diputada de Encuentro Ciudadano, Gabriela Mestelán, en su carácter de amparista. “Celebramos esta audiencia preliminar de tan amplia concurrencia, ahora el juez tiene en sus manos todos los casos que dan cuenta de un  tarifazo injusto y desproporcionado”, resaltó.

Pasadas las once de la mañana del miércoles la diputada de Encuentro Ciudadano, Gabriela Mestelán, se retiró de la sesión que se desarrollaba en Cámara de Diputados para participar de la audiencia pública preliminar convocada por el juez Antonio Andrade, titular del Juzgado de Familia nº 2 de Río Gallegos. Sucede que el pasado 17 de marzo, Mestelán presentó un recurso de amparo contra “el brutal tarifazo que Servicios Públicos viene aplicando en toda la provincia desde comienzos de año”.

Esta instancia de audiencia pública corresponde a uno de los pedidos realizados por la diputada ante la justicia: “hoy celebramos este primer paso tan importante, el de la audiencia pública preliminar, del que participamos unas 140 personas y donde se vio reflejada la diversidad y la representatividad de los reclamos, incluidas varias localidades del interior provincial. A lo largo de estas dos semanas que transcurrieron desde la convocatoria quedó demostrado lo injusto y desproporcionado de este verdadero tarifazo”, analizó la diputada de Encuentro Ciudadano.

“El kirchnerismo en Cámara de Diputados no aceptó cambiar el horario de la sesión, que coincidía con esta audiencia. Por ello ya en la sesión propuse un cuarto intermedio de dos horas para que todos pudiéramos escuchar las voces de quienes reclaman por este aumento de tarifas, pero la mayoría del oficialismo tampoco acompañó nuestro pedido. Es por eso que junto a otros diputados de Unión Para Vivir Mejor optamos por retirarnos de la sesión para asistir a la audiencia”, detalló la legisladora. “Esta mayoría oficialista que no le dio relevancia a esta instancia de diálogo inédita que significa la audiencia por las tarifas, es la misma que por estas horas acusa de desestabilización a miles de personas que reclaman en las calles por sus derechos más elementales. Así es como este gobierno sigue dándole la espalda a los verdaderos problemas de Santa Cruz”, cuestionó.

LOS ARGUMENTOS DE MESTELÁN ANTE EL JUEZ

Una vez iniciada la audiencia pública preliminar por parte del juez Antonio Andrade, fue Mestelán quien primero tomó la palabra y respondió las preguntas del magistrado. Allí explicó que la inquietud de presentar el amparo por el aumento de tarifas “nació de preocupaciones planteadas en las reuniones de Encuentro Ciudadano, luego viendo que esta preocupación afectaba y se extendía a toda la provincia, definimos esta presentación para frenar lo que ha sido un abuso y un atropello”. “Hemos escuchado a un montón de vecinos de Río Gallegos y del interior que expresan la angustia de no poder pagar las boletas, además de no saber cuándo van a cobrar sus salarios, y  lo que cobran no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas”, argumentó durante la audiencia.

Asimismo, explicó por qué decidió realizar esta presentación ante un juez de familia: “al tratarse de un aumento tarifario en la boleta domiciliaria esto afecta a jubilados, madres que son sostén de hogar, familias en situación de extrema vulnerabilidad y vaya si usted, señor juez, sabe de esto”. Todo ello, sin que se contemple “ningún tipo de tarifa social y ningún tipo de aliento al consumo responsable”, en el contexto de “servicios absolutamente deficitarios de luz, agua, alumbrado público y cloacas”, los cuatro servicios facturados en las boletas.

PEREZ GALLART PIDIÓ LA SUSPENSIÓN URGENTE DE LA TARIFA

Además de patrocinar el pedido de Gabriela Mestelán, el Dr. Javier Pérez Gallart (presidente de Encuentro Ciudadano) también acompañó alrededor de ochenta presentaciones de particulares, tanto de Río Gallegos como de algunas localidades del interior provincial. Al momento de hacer uso de la palabra le solicitó al juez la resolución, “que supongo será en plazos breves”, de la medida cautelar que solicita la suspensión inmediata de la nueva tarifaria de Servicios Públicos.

El objetivo de este pedido es que “el aumento de tarifas quede sin efecto cuanto antes, de modo que no se deba esperar a que se celebre la nueva instancia de audiencia a la que debe convocar el juez en aproximadamente dos semanas”. “Ahora el juez ya tiene en su poder las decenas de reclamos presentados no sólo bajo este patrocinio, sino también por otros damnificados, que dan cuenta del injusto, brutal y desproporcionado aumento en las tarifas de Servicios Públicos”, concluyó Pérez Gallart.

 

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