Investigan a empresarios que cobraron por obras que no se hicieron en Caleta Olivia

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La causa se originó ante la denuncia de varias licitaciones durante la gestión de José Manuel Córdoba, acumulando alrededor de 70 millones de pesos pagados a empresas “fantasma” que no hicieron las obras.

José Manuel Córdoba, exintendente de Caleta Olivia

El profuso expediente se divide en la demanda iniciada por el ex legislador Juan Acuña Kunz, referida a la licitación por 18 millones cedida por el intendente José Manuel Córdoba, a una empresa sin antecedentes ni experiencia en la obra pública. Y, por otro lado, la que impulsó el ex concejal Manuel Aybar, en función del lapidario informe del Tribunal de Cuentas, tras una auditoría del año 2014.

En el Juzgado de Instrucción que conduce Mario Albarrán hay más de una docena de denuncias presentadas en contra de la administración del ex jefe comunal, sin embargo, sólo dos causas lograron tomar cierto vuelo, sin que aún el magistrado respondiera positivamente a los reiterados pedidos del fiscal Martín Sedan, para que el Municipio caletense fuese allanado.

Se trata de la denuncia que realizó el entonces concejal radical, Juan Acuña Kunz, el 2 de octubre de 2014, ante el propio Sedán, adjuntando información documental como fotografías y videos, para que se investigue la comisión del delito de estafa al erario público, en la contratación que el intendente Córdoba hizo a la empresa San Jorge para la ejecución de la obra de colocación de palmas para el sistema de energía, en barrios 13 de Diciembre y Bicentenario.

Sucede que en el pliego licitatorio, se dejó establecido que las palmas debían ser de hormigón, pero según consta en el expediente, la empresa las reemplazó por unas de madera y luego paralizó la obra.

La denuncia presentada por Manuel Aybar es en realidad la “megadenuncia” que impulsaron todos los ediles caletenses durante 2014, luego de que el Tribunal de Cuentas detectara sendas anomalías en la administración.

El 11 de noviembre de 2014, los concejales aprobaron el juicio político para su remoción, debido a supuestas irregularidades en el manejo de fondos que recibió del Gobierno nacional, que incluyen la contratación de empresas, ya sea para la construcción de viviendas como de alumbrado. La Cámara de Diputados se había excusado de iniciar el proceso de remoción y el Tribunal Superior de Justicia dijo que no era de su incumbencia.

Luego de varios meses de investigación, la Justicia está a pasos de conocer los nombres de las empresas de la zona que fueron beneficiadas con la obra pública en Caleta Olivia y de las cuales no se registraron finalización de obras pero sí los pagos.

Conocer sus nombres no es tarea fácil, habida cuenta de que el principal escollo que encontró la fiscalía fue que, precisamente, el ex Intendente habría operado con empresas fantasma que, sistemáticamente, en lo que se cree fue un ardid, ganaban las licitaciones, pero luego cedían la obra a otra firma que no cumplía con los requisitos.

Según trascendió, son ocho las empresas investigadas. Estas firmas operaron en la ejecución de las 187 viviendas que quedaron inconclusas y que, aun así, fueron entregadas por el intendente Facundo Prades durante la madrugada del 4 de abril del año pasado.

Uno de los hechos más groseros y que motivaron la denuncia de Acuña Kunz, fue cuando Solana de la Patagonia, que obtuvo la licitación por más de 5 millones para el tendido eléctrico de dos barrios periféricos pero cedió la obra a Operaciones y Mantenimiento San Jorge que, para obtener un mayor lucro, colocó postes de madera, en lugar de los metálicos a los que la licitación se había comprometido.

Asimismo, la Justicia investigó las licitaciones lanzadas por grupos de a 25 viviendas en las que se benefició a empresas que también cedieron las obras a otras que no las ejecutaron, aunque sí obrarían en el juzgado los pagos que van desde los 7 a los 9 millones.

La Justicia desconoce hasta el momento los nombres de los empresarios en cuestión pero, según consignó el diario caletense la Prensa de Santa Cruz, se espera por estas horas el arribo de los datos solicitados por Albarrán a la AFIP. En total, la investigación estableció que los pagos concretados por la administración caletense superarían los $70 millones para obras que hoy, o bien no existen o quedaron inconclusas.

Tiempo Sur

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