APROSA-FESPROSA solicitó equipar el valor de guardias para todos los profesionales de la salud

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El gremio de los profesionales de la salud durante la última paritaria sectorial solicitó que el monto que se percibe por guardias se extienda a los trabajadores de la ley 1795 en los agrupamientos “B”, C” y “D”. En este sentido el gobierno ofreció una propuesta, que APROSA podrá considerarla en el caso que la misma arribe a lo que actualmente percibe el agrupamiento “A” de la misma ley. Habrá cuarto intermedio hasta el 15 de noviembre.

El pasado 3 de noviembre APROSA-FESPROSA asistió a un nuevo encuentro de paritaria sectorial en la ciudad de Río Gallegos, donde, convocados por la Secretaría de Trabajo, participaron funcionarios provinciales, gremios afines y la secretaria general, Andrea Pérez y Juan Carlos Ponce en representación a los profesionales de la salud.

Entendiendo que los representantes del gobierno en el anterior encuentro de paritaria no ofertaron ninguna respuesta efectiva a cada uno de los planteos presentados, en esta oportunidad el gremio nuevamente “volvió a la carga” e insistió con muchos de ellos a fin de que el ejecutivo los atienda y modifique su postura, dando alternativas concretas para comenzar a resolver algunas de las principales demandas que tiene el sector actualmente.

En este sentido, APROSA-FESPROSA, luego de insistir con aumentar en $4000 el valor de las guardias para el agrupamiento “B”, “C” y “D” de la ley 1795,   el ofrecimiento del gobierno fue de $2000 en este sentido, propuesta que para este gremio podría considerarse en el caso que el ejecutivo se comprometa en el corto plazo en arribar al monto que este gremio propuso. Si bien es cierto que otros sindicatos también solicitaron este beneficio para sus trabajadores, el ejecutivo solicitó un nuevo cuarto intermedio hasta el próximo 15 de noviembre con el objetivo de analizarlo en función de lo que ellos entienden “una difícil situación financiera” por la que atraviesa la provincia.

Entre otro de los puntos, esta organización gremial solicitó aumentar el valor del código 206 (titulo) y  su movilidad, ya que es evidente la desigualdad que reviste este sector con respecto a lo que actualmente perciben otros estamentos estatales, entendiendo que existe un “principio de discriminación”. Además, se propuso un incremento al código 271 (Responsabilidad Profesional) en un 100% y la creación de un adicional por “especialidad” y “sub-especialidad” para todos los profesionales con un monto del 25% del sueldo básico.

Por otra parte se pidió por el pase de los montos del decreto Nº 1146 al sueldo básico, ya que desde el inicio APROSA-FESPROSA rechazó los aumentos efectuados por esta metodología administrativa, ya que no tienen el aval gremial, por lo que, es preciso que estas sumas se incorporen definitivamente al salario básico.

Por último se solicitó al poder ejecutivo que se expida con respecto al valor de las guardias polifuncionales y con respecto a las guardias de la ley 1200 de la cual hasta el momento no se expresó. APROSA, quien bregó  por la extensión del código 290 (Especialidad Crítica)  para todos los profesionales, el gobierno ofertó hacerlo pero, por especialidad médica y de acuerdo a un cronograma que tendrá su continuidad en el 2017. En este sentido el gremio rescató la oferta, pero considera que de esta manera se acentúa la  brecha salarial de los trabajadores que se encuentran dentro de la misma ley (1795) y es menester hacerlo de manera uniforme para todos sus integrantes.

VIVIENDAS

Otro de los pedidos del gremio y que nuevamente se reiteró, fue la regularización de la situación para aquellos trabajadores que residen en viviendas que han sido otorgadas, pero que hasta el momento el gobierno no hizo entrega del título de propiedad. La respuesta del gobierno fue que mantuvo una reunión con los representantes del IDUV quienes informaron que existen aproximadamente 500 casas y que este organismo procederá a realizar un relevamiento a los efectos de lograr determinar que los reales ocupantes de las mismas  sean pertenecientes al equipo de salud para de esta manera preceder al armado de los instrumentos legales de adjudicación en venta. La intención, según indicaron voceros del gobierno, es cumplir con este cometido antes de fin de año.

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