Según confirmaron a  fuentes ligadas a la URZN, en las primeras semanas del mes que viene comenzarán a entregarse las notificaciones a los ocupantes de los tres barrios tomados en Caleta Olivia.

En los primeros días de agosto y luego de recibido el aviso, los ocupantes de las viviendas dispondrán de 15 días hábiles para abandonarlas voluntariamente

De acuerdo a los oficios judiciales del Juzgado de Instrucción a cargo del Dr. Mario Albarrán. Se trata de los barrios 40, 62, y 187 Viviendas, con un total de más de 200 casas.

Las notificaciones las llevará a cabo personal policial acompañados de asistentes sociales a fin de determinar la presencia de menores y demás cuestiones. Una vez recibido el aviso, los actuales ocupantes de los terrenos contarían con un plazo de 15 días para abandonarlas voluntariamente.

Se confirmó que en las actuaciones estaría colaborando el IDUV y el propio municipio de Caleta Olivia, además de personal del Ministerio de Desarrollo provincial, Acción Social y Minoridad municipales y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Cruz.

Recordemos que ya en octubre del 2015 la Fiscalía N°1 de Caleta Olivia, cargo del Dr. Martín Sedán, venía solicitando al Juez que ponga fin a la enorme seguidilla de ocupaciones ilegales de unidades habitacionales de diferentes planes ejecutados por el Estado.

Lo que reclamaba concretamente era la aplicación del Artículo 222 bis, incorporado al Código Procesal Legal en marzo del 2014, el reza que “aún sin dictado del auto de procesamiento, el Juez a pedido del damnificado podrá disponer el inmediato reintegro de la posesión o tenencia del inmueble cuando se haya acreditado fehacientemente y mediante pruebas irrefutables, el derecho invocado por el damnificado”. Además se fija “un plazo perentorio de días corridos bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de ordenar el desalojo con el auxilio de la fuerza pública”, sostiene ahora el Código Procesal Penal santacruceño.

En este caso, los damnificados serían aquellos adjudicados legítimamente con los terrenos por la Municipalidad de Caleta Olivia y el Plan Techo Digno.

A partir de entonces comenzó un “tire y afloje” legal entre la Fiscalía y los ocupantes, quienes reclamaban que se revisara a fondo la situación de cada caso y presentaron varias medidas para frenar los desalojos, la última de ellas un recurso de casación que fue rechazado por el Juez en base a que no cumplía los requisitos de admisibilidad.

En el medio de todo quedó la policía, que inevitablemente sería la encargada de realizar las intimaciones y desalojos y deseaba prevenir en todo lo posible hechos de tensión.

Como señaló  el mismo fiscal Sedán, “lo que se pretende desde acá es que comiencen las notificaciones y  a intimar para que la gente se vaya, porque si no cualquiera va y te saca la casa a la fuerza, ya que no se nos está dando respuesta en estas situaciones complejas. Si nosotros permitimos que esto ocurra, va a ser la ley del más fuerte”.

(Fuente Tiempo Sur)

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