“La crisis es profunda, estructural y altamente riesgosa”

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Con esas palabras reseñó crudamente el Intendente de Caleta Olivia la situación de su municipio. Pidió que se sancionen normas conducentes a darles sustentabilidad a las comunas e indicó que quiere prevenir la ocurrencia de hechos de violencia que puedan hacer peligrar la paz social y la gobernabilidad de los estados municipal y provincial.

En la última sesión de la Cámara de Diputados fue leída una nota del intendente Facundo Prades (UCR), enviada al presidente del bloque de Unión Para Vivir Mejor, Daniel Gardonio, donde habla de la difícil situación por la que atraviesa su municipio económica y financieramente.

Prades le pidió a la Legislatura provincial que dicte normas conducentes a mejorar la situación de las comunas, pero además allí advirtió que se debe prevenir la ocurrencia de hechos de violencia que puedan hacer peligrar la paz social y la gobernabilidad de los estados municipal y provincial.

No le llegan fondos- En los primeros párrafos de la nota, el jefe comunal comienza la misiva haciendo un detalle de la situación en la que heredó la comuna: “Desde mi asunción en el cargo por decisión mayoritaria de nuestros vecinos, el día 10 de diciembre del 2015, es decir, hace sólo 5 meses, he debido luchar incansablemente para poder revertir el heredado déficit estructural del municipio”.

Asimismo, sostuvo que para hacer frente solamente al pago de sueldos del personal permanente, contratado, planes sociales y cooperativas, es necesario contar con una suma dineraria y mensual, aproximada a los 80 millones de pesos. Prades sostuvo que los recursos propios, más lo recibido en concepto de coparticipación, sólo alcanzan a la suma de pesos 30 millones, es decir, se necesitan aproximadamente 50 millones de pesos para hacer frente a la citada erogación.

“Es dable señalar que para el pago de los sueldos del personal municipal, la anterior gestión recibía fondos extraordinarios o aportes de los estados nacional y provincial respectivamente, circunstancia ésta que no ha sucedido de igual manera desde la asunción a mi cargo, no obstante haber recorrido todos los estamentos públicos pertinentes para asegurar su continuidad y de tal forma asegurar a los trabajadores municipales el cobro en tiempo y forma de sus salarios”, se lamentó.

A tal fin. Dijo que presentaron con su equipo de trabajo un programa económico ante el Ministerio de Interior de la Nación el cual técnicamente fue aprobado, pero los fondos correspondientes aún no fueron recepcionados, circunstancia ésta que no le ha permitido cumplir debidamente con el pago de los haberes correspondientes.

“Como consecuencia de lo descripto, el personal municipal a través de su representación gremial ha declarado legítimamente las medidas legales de fuerza correspondientes, no obstante reconocer la buena predisposición exteriorizada por los mismos, impidiendo por lo tanto el normal cumplimiento de la prestación de los servicios públicos esenciales a cargo del organismo municipal”, deatlló.

Escenario “gravísimo”- El Intendente señaló que la situación municipal señalada “torna, desde mi particular perspectiva, un necesario y urgente tratamiento de parte de la Legislatura que usted integra (Gardonio)” y agregó: “Tal vez sea el momento de tratar una nueva ley de coparticipación, que distribuya de manera equitativa y proporcional los recursos provinciales de conformidad al crecimiento demográfico de las localidades que integran la Provincia, para asegurar el pleno y estricto cumplimiento de la manda constitucional plasmada en el artículo quinto de la CN”.

Facundo Prades fue más allá y hasta advirtió un estado de crisis “profunda, estructural, altamente riesgosa y que el municipio de modo alguno puede resolverlo con sus recursos propios”. También expresó que el cuadro municipal reseñado se ve peligrosamente agravado por la crisis petrolera que afecta a la región, en general, y a Caleta Olivia, en particular. Ello como consecuencia directa de la baja significativa del precio del crudo en el contexto internacional que está generando angustia y preocupación en la familia del sector, ante el potencial peligro de la pérdida de sus puestos laborales y también la paralización de la obra pública que ha dejado sin trabajo a números vecinos de esa ciudad.

Todo esto “constituye un gravísimo escenario social que el Poder Legislativo Provincial debe obligadamente analizar y debatir a los fines de sancionar las normas legales conducentes para prevenir, oportunamente, la eventual ocurrencia de hechos de violencia que puedan hacer peligrar la paz social y la gobernabilidad de los estados municipal y provincial”, sentenció.

(Tiempo Sur)

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