El presidente de la comuna de Cañadón Seco Jorge Marcelo Soloaga viajó a la capital provincial para hacer efectiva la presentación de medio millar de firmas de vecinos de esa localidad, en un duro y firme pronunciamiento sobre la desprotección judicial en la que se encuentran. Advirtió que si la Justicia no cumple su rol republicano se recurrirá al Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia.

Ello teniendo en cuenta los recurrentes cortes de ruta que adoptan manifestantes de distintos sectores, violando derechos y garantías constitucionales de los vecinos de las comunidades de la zona norte de la provincia, quienes se ven privados de su libertad y rehenes de quienes disponen ilegítimamente los bloqueos en las rutas y caminos de campos tanto privados como de explotación petrolera.

Por todo ello, Soloaga se reunió el viernes con el vicegobernador Pablo González, en ejercicio del Poder Ejecutivo Provincial por ausencia de la gobernadora Alicia Kirchner y con miembros del Tribunal Superior de Justicia de la provincia para hacerles entrega del reclamo masivo de la comunidad de Cañadón Seco.

Dicha documentación está vinculada con las presentaciones realizadas hace pocas semanas ante el Juzgado de Instrucción de Caleta Olivia, aunque “la inacción judicial sobre dichas denuncias generó un profundo malestar en toda la comunidad”, señaló Soloaga.

Al finalizar el encuentro, el jefe comunal indicó que “la documentación que se ha puesto en manos de las máximas autoridades de los tres poderes del Estado tiene por objetivo poner en evidencia el grave estado de desprotección que experimenta la gente de las distintas comunidades de la zona norte y especialmente Cañadón Seco”.

“Nosotros no estamos en contra de los reclamos y protestas –agregó-, que seguramente tienen legitimidad y razonabilidad en su origen, pero sí cuando estos se desvirtúan hasta convertirse en acciones que violan los derechos y garantías constitucionales de las personas y caen en episodios que deslegitiman tales reclamos mediante actitudes y comportamientos intimidatorios”.

 “QUEBRANTO ECONOMICO”

Al mismo tiempo señaló que esas acciones “privan ilegítimamente la libertad colectiva, ponen en situación de rehenes a los habitantes y convierten a Cañadón Seco en un verdadero gueto cuyas consecuencias también quedan de manifiesto en el quebranto económico de nuestros humildes comerciantes, sometimiento a las exigencias de quienes ejercen un verdadero poder negativo sobre la libertad de las personas, atropello y amenazas”.

Más adelante, evaluó que “no puede ser que un juez ante una denuncia formalizada conteste que va a pedir o pidió informes a la policía, respuesta que resulta lamentable e inaceptable, porque el juez debe instruir para hacer cesar el presunto delito, imputar los que se están cometiendo y procesar a sus responsables. Porque si esto fuera así, no molestamos más al señor juez y directamente le pedimos y le preguntamos nosotros a la policía que es lo que está haciendo para evitar estos hechos y listo”.

No obstante, dejó en claro que “de ninguna manera planteamos la criminalización de la protesta, pero también se debe entender que la sociedad en su conjunto ha llegado a un nivel de hartazgo que no acepta la socialización del delito y mucho menos que una protesta se desvirtúe en un acto criminal”.

Finalmente, advirtió que “si se continúa con inacción, desprotección, indolencia judicial e incumplimiento del rol republicano de impartir justicia, requeriremos masivamente la intervención del Superior Tribunal de Justicia de la provincia e iniciaremos los procedimientos de destitución ante el Tribunal de enjuiciamiento previstos en la Constitución Provincial”.

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