El vicegobernador Pablo González recibió este viernes al presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga, quien acercó al titular de la legislatura provincial sus inquietudes por la situación vivida y el accionar de la justicia respecto al corte de ruta que mantuvo a esa localidad prácticamente aislada durante dos meses.

 

En un encuentro que se realizó este viernes en horas del mediodía, el vicegobernador Pablo González recibió copia de la documentación presentada ante la Justicia en Caleta Olivia por el comisionado Jorge Soloaga, quien inició acciones legales contra los responsables del corte de la Ruta Provincial 12, que durante dos meses afectó significativamente la vida cotidiana de Cañadón Seco. Este corte fue producto de un conflicto entre los trabajadores y las autoridades de la empresa Austral Construcciones, por retraso en el pago de salarios.

Los trabajadores realizaron protestas en todas las rutas santacruceñas, y en el caso de la Ruta 12 se extendió por aproximadamente dos meses, generando un fuerte impacto en la actividad económica y social de Cañadón Seco.

Finalizado el encuentro con el vicegobernador González, el comisionado de fomento manifestó que el corte de ruta fue «absoluto», lo cual configura a su entender la existencia de un delito y la privación de derechos constitucionales, tales como el de libre circulación. En este marco fue que la propia comunidad decidió iniciar acciones, por un lado con una carta abierta que tiene la firma de aproximadamente mil vecinos y, además, a través de la justicia, con el fin de dar con los responsables de ese corte de ruta y que sean acusados por los delitos que correspondan.

Soloaga destacó que «si la justicia no actúa se va a solicitar la intervención del Tribunal Superior», ya que «la Justicia no se puede lavar las manos, la policía tiene que actuar y establecer un mecanismo de seguridad, garantizar la seguridad de cada uno de los vecinos que transita por una ruta que, por un reclamo que puede ser legitimo o no, se bloquea y se interrumpe absolutamente el paso, con actitudes que van desde la intimidación y el atropello».

En este marco, Soloaga indicó que «la justicia tiene que tomar cartas en el asunto» y «hay que hacer uso de las herramientas de este sistema republicano, finalizar por la fuerza pública un hecho delictivo que se está cometiendo y, pasado este hecho delictivo, procesar e imputar» a los responsables.

El comisionado de fomento aclaró que «no se trata de criminalizar la protesta», pero «tenemos que comenzar a reaccionar cuando una protesta viola y vulnera derechos y garantías constitucionales, de transitar libremente» y «bloquea la actividad comercial, hay vecinos que durante dos meses de bloqueos estaban en una situación terminal en su micro actividad comercial».

«Pedimos que la justicia procese por el delito a quienes los cometen, nada más que eso, cuando hablamos de hacer valer los derechos y las garantías, es también usar los mecanismos que nos da el estado de derecho para que aquellos que no actúan conforme a los lineamientos jurídicos, se sometan a la justicia», destacó Soloaga , resaltando en este sentido el accionar del juez Eduardo Quelín, quien «actúa sin reprimir ni asumir actitudes de criminalización de la protesta, ni mucho menos, pero actúa en función de establecer cuáles son los delitos que se cometen y poner a disposición de la justicia a quienes lo hacen», al tiempo que lamentó que «hay una jurisdicción como la de Caleta Olivia que pareciera ser que no se da cuenta que estamos frente a una violación de las garantías y los derechos constitucionales de las personas», y es a ésta última a quien corresponde la competencia en el caso de Cañadón Seco.

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