El Intendente Facundo Prades junto a los Concejales Javier Aybar, Liliana Andrade y Rubén Martínez, los Diputados por Pueblo Gerardo Terraz y Sergio Bucci y los Secretarios de Gobierno José Luis Lacrouts y de Haciendas Marcos Antonelli, llevó a cabo una acalorada conferencia de prensa en donde planteo sus posturas en relación a los conflictos económicos y gremiales que aquejan a la comunidad en estos días.

Luego de los primeros 13 días de gobierno del Intendente Prades, la ciudad de Caleta Olivia cuenta en su haber con diversos y variados conflictos gremiales y sindicales que afectan directamente la vida ciudadana. Teniendo en cuenta la escasez de día frente a la administración no se puede señalar al nuevo intendente y a su gabinete como los generadores de los conflictos, pero sí como los responsables que deben dar respuestas y resolver los inconvenientes.

Para tranquilizar a la población Facundo Prades convocó a los medios locales para “poder clarificar algunas cuestiones que están ocurriendo extrañamente, motorizadas por actores políticos que quieren responsabilizar a un gobierno que no llega a los 10 días de gobierno, que son resultados de políticas que vienen implementándose hace más de 30 años”. Según sus palabras, la crisis que afronta la ciudad actualmente no corresponde sólo a los últimos cuatro años en donde gobernó José Manuel Córdoba, sino que constantemente insiste con remarcar la responsabilidad en el Frente para la Victoria, y en un largo proceso histórico.

En primer lugar el Intendente hizo referencia al aumento del salario de los cargos políticos que fue utilizado por algunos medios de forma tergiversada, cuando la sesión extraordinaria del consejo deliberante fue muy clara y en donde todos los actores participaron. Inmediatamente mencionó la trama de los juicios a los que fue sometida la municipalidad en los últimos años. Particularmente el Intendente Prades mencionó los juicios perdidos con Telefónica en Internet y telecomunicaciones, con Telefonía Sur y con Claro OMX, con quienes existen convenios incumplidos y deudas de más de siete años que superan los $25 millones. Otra deuda importante que conlleva el Municipio es con la ART que no se paga desde el año 2010.

Luego de expresar estos puntos, el Intendente expresó que le llama la atención que el gobierno provincial, que es quien ha firmado varios acuerdos con los gremios con anterioridad, “aún no afronte estos pagos cuando estamos a pocos días de las fiestas de fin de año”. Por otro lado hizo especial hincapié en que en sus pocos días de gobierno logró trabar embargos a las grandes empresas de la zona como los corralones, supermercados, el casino, las empresas petroleras, particularmente a Termap.

“Yo no tengo ningún problema en que agravien, en que amenacen, en que extorsionen, y particularmente que lo hagan contra mi persona, lo que no voy a permitir es que manchen a los concejales, que manchen a los secretario. Todos los odios que los canalicen a través de mi persona. Desde el municipio, nosotros vamos a poner la cara, aunque no tengamos responsabilidad”, manifestó Prades.

Con esta declaración se metió de lleno en el conflicto con el gremio municipal SOEMCO al decir que desde enero de este año hasta noviembre ingresaron a la municipalidad 527 personas, pero que existen escasa información sobre los contratos o las personas. En este sentido dijo Prades que hace una semana, desde Recursos Humanos, se está llevando a cabo un padrón de los más de 6400 empleados municipales y revisión de los legajos, y que estos son muy irregulares. Con respecto a las destituciones, el apoderado primero expresó que no hay ningún despido, sino que muchos de estos contratos concluyen el día 31 de diciembre del corriente. Aunque más adelante, el Intendente reconoció que se les envió notificaciones o se les retuvo el aguinaldo y sueldo a quienes no se presentaron en sus puestos de trabajo. Hasta la fecha se reunieron con 126 empleados para regularizar la situación administrativa.

El nuevo paro, convocado por SOEMCO el día martes 22, según Facundo Prades corresponde, no a una falta de pago de sueldos, sino porque se pretendió embargar las camionetas correspondientes a la municipalidad para pagar a los abogados que llevaron a cabo los juicios contra la institución. Ante esta demanda, desde el gobierno se solicitó realizar entrega de los vehículos en un acto público, pero los representantes del gremio no se presentaron.

Presentando claro descontento con la actitud del gremio, especialmente con su dirigente Julián Carrizo, Prades mencionó que la mayoría de las localidades santacruceñas presentan deudas con los empleados municipales, pero que Caleta Olivia es la única ciudad que paraliza sus actividades y pretende judicializar la situación. Sobre esta postura el Intendente sancionó que “los que defienden vagos no van a poder venir a la municipalidad porque les va a ir mal. A los que defienden boleteros les va a ir muy mal. A los que quieren que los compañeros municipales cobren y no trabajen les va a ir muy mal”. De esta manera también responsabilizó a algunos empleados de la institución que no trabajan, o que han querido defender los puestos de trabajo de sus familiares e incluso empleados comerciales que cobran planes sociales, poniendo en riesgo la economía municipal.

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