Sosa renunció a ser restituido como procurador para ser candidato del ARI

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El gobierno de Claudio Vidal esta decidido a seguir peleando con molinos de viento. El procurador que quieren reponer ya renunció a su puesto ante la Corte Suprema y la Corte Interamericana, cuando decidió ser candidato del CCARI. El durísimo mensaje de las urnas parece no haber dicho nada para el oficialismo.

Buscando un golpe de efecto en plena campaña electoral, el gobernador Claudio Vidal presentó un proyecto para restituir al ex procurador Eduardo Sosa, quien fue apartado de su cargo en 1995, cuando Néstor Kirchner eliminó la Procuración General.

Vidal hizo el anuncio “histórico” tras el primero de una serie de tropiezos e ilegalidades para designar a cuatro vocales más en el Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, resultaba curioso que mientras que el oficialismo se rasgaba las vestiduras en nombre Sosa, este no emitiera sonido.

La razón es sencilla: Eduardo Sosa renunció a su reclamo por ser restituido hace mas de una década. Lo hizo con presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la nación, y ante la Corte Interamericana. ¿Por qué lo hizo? Porque era un trámite indispensable para dedicarse a la política, que es lo que hizo cuando decidió presentarse como candidato a diputado nacional en el año 2009.

De hecho, en una entrevista que concedió aquel año, Sosa reveló su intencionalidad política al asegurar que “Yo, antes de iniciar esta nueva etapa en mi vida, presente la corresponde te renuncia al pedido de reposición y de ninguna manera me estoy poniendo afuera de la ley. Sería una contradicción muy grande, ya que soy abogado”.

Tras el primer planteo al máximo tribunal del país para que lo dejaran ser candidato del partido antiperonista, también el 28 de junio de 2011, Sosa renunció a la restitución en la Corte suprema y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Este no es un dato menor, porque quiere decir que en efecto Sosa si fue candidato sin haber renunciado previamente a su pedido de reposición en el cargo y todos saben que cualquier funcionario judicial tiene prohibido hacer política partidaria.
El 20 de septiembre de 2011, el Juzgado Federal de Río Gallegos solicitó a la Corte que le remitiera las actuaciones “con copia certificada de las presentaciones que haya efectuado el actor (Sosa) expresando que daba por finalizado el reclamo, y que iba a requerir una indemnización por daños y perjuicios en tanto se había dedicado a la actividad política partidaria”.

El 2 de diciembre del 2016, con la firma de Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz, la Corte da por cerrado el asunto y (CSJ 2083/2005) lo que motivo la devolución del expediente al tribunal de origen.

Así las cosas, no hay nada por reponer para cumplir con las expectativas del gobernador de dar una pelea “épica”. El camino es entonces crear un cargo nuevo, contrario a las leyes vigentes y a donde iría un hombre de avanzada edad que como exprocurador eligió una indemnización y probar en política, donde pasó sin pena ni gloria.