El jefe de la comuna de Cañadón Seco, Jorge Marcelo Soloaga, remitió una nota al vicegobernador y presidente de la Legislatura, Fabián Leguizamón, a través de la cual le solicita que instrumente los mecanismos pertinentes para que en la sesión extraordinaria de este jueves, en la cual se debatirá la puesta en vigencia de la Ley de Emergencia Hidrocarburífera en Santa Cruz, se incorpore el proyecto de su autoría que enviara el 9 de septiembre de 2024 el que no tuviera el más mínimo tratamiento ni consideración hasta la fecha en donde también han despedido más de 2000 trabajadores petroleros a través retorcidos mecanismos antijurídicos.

Hasta el momento, el cuerpo parlamentario tiene previsto tratar una normativa presentada por el bloque del oficialismo (Por Santa Cruz), la cual fue presentada hace pocos días para establecer mecanismos institucionales que amortigüen la crisis económica, laboral y social generada por la decisión de YPF S.A de abandonar los diez bloques o áreas petroleras maduras que venía explotando en la zona norte de Santa Cruz.Soloaga, con gran anticipación, había presagiado la crisis que traería aparejada la decisión que anunciara la compañía petrolera que optó por volcar sus inversiones en los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta (Neuquén), al tiempo que continuaba reduciendo la producción de crudo en las áreas concesionadas en Santa Cruz.

Los primeros impactos de esa estrategia empresarial, en detrimento de las comunidades de esta provincia, se vieron reflejados no solo en la reducción de las regalías petroleras sino también en cesantías de cientos y cientos de operarios de empresas contratistas, instados a acogerse a retiros voluntarios que, a todas luces, representan despidos encubiertos

Consideraciones y advertencias

En este contexto, vale recordar que en los considerandos de su proyecto, el jefe comunal dejó sentado que el tratamiento de la Ley de Emergencia Hidrocarburífera⁹ (o Emergencia Petrolera) representa una circunstancia de tratamiento urgente ya que está comprometida la vida laboral de miles de trabajadores de la actividad hidrocarburífera, como así también la seguridad e integridad patrimonial de las entidades empresarias de servicios que se nuclean en esta industria.

En consecuencia requería que se establezcan urgentes medidas de auxilio ante la determinación asumida por la empresa YPF de proceder a la concentración de sus inversiones y operaciones en la formación no convencional de Vaca Muerta en la provincia de Neuquén y al retiro de los 10 bloques de yacimientos maduros de formación convencional en de Santa Cruz conocidos como:Barranca Yankowsky, Cañadón de la Escondida-Las Heras, Cañadón León-Meseta Espinosa, Cañadón Vasco, Cañadón Yatel, Cerro Piedra-Cerro Guadal Norte, El Guadal-Lomas del Cuy, Los Monos, Los Perales-Las Mesetas y Pico Truncado-El Cordón.

En esa misma línea puso de relieve que “la etiología de esta situación, sus raíces profundas y elementales, y en particular sus consecuencias sobre el Estado y la sociedad, al influir sobre la subsistencia misma de la organización jurídica, social, económica y política, autoriza al Estado a restringir el ejercicio normal de algunos derechos patrimoniales tutelados por la Constitución Nacional y Provincial”.

De manera puntual describió las consecuencias que traería aparejado la retirada de YPF, entre ellas: A) descalabro económico generalizado; B) necesidad de asegurar la continuidad laboral y la supervivencia de las entidades empresarias comprometidas con el sostenimiento de esos espacios laborales; C) existencia de grave riesgo social; D) circunstancias que comprometan el desarrollo económico del estado y exijan la puesta en marcha de medidas súbitas para ponerles remedio protegiendo el bien común; E) quebrantamiento de la paz social con sus consecuencias imprevisibles; F) sin el instrumento de la Emergencia no está ausente la posibilidad de un estallido social.

Decisiones urgentes

En la faz resolutiva, Soloaga expuso en su proyecto que: “Por los considerandos señalados y la argumentación expuesta se está a la inteligencia que resulta imprescindible y urgente promover una Ley de Emergencia que contenga los siguientes extremos a saber:1) Prohibición absoluta de producir despidos en el ámbito de concesión de explotación de los bloques arriba señalados.2) Sostenimiento absoluto de las inversiones al 1 de enero de 2024.3) Sostenimiento de la producción hidrocarburífera al 1 de enero de 2024.4) Continuidad de las organizaciones empresarias de servicios vinculadas contractualmente con la concesionaria YPF S.A. al 1 de enero de 2024.5) Conformación en carácter de URGENTE de una mesa de diálogo constituida por organizaciones representativas del sector laboral, de entidades empresarias, instituciones comunales cuya jurisdicción se encuentre dentro de los yacimientos de explotación hidrocarburífera, representantes de la Cámara de Diputados de la Provincia, representantes del Poder Ejecutivo Provincial y profesionales de vasta experiencia en la temática hidrocarburífera.

También sugirió la conformación de un fondo Fiduciario para asistencia económica financiera de pequeñas y medianas empresas y organizaciones representativas del sector laboral de manera de garantizar la continuidad de los espacios y puestos laborales.Finalmente exigió la reversión de las áreas y/o bloques hidrocarburíferos en favor del Estado Provincial y quita de la concesión ante el incumplimiento a los términos de la ley de emergencia por parte de YPFS.A