La Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, fijó su posición frente a la posible implementación de un régimen de cuotificación para la pesquería de langostino en aguas de jurisdicción nacional, reclamando el reconocimiento del esfuerzo de conservación realizado por la provincia y la asignación de una cuota social de 50.000 toneladas administrada por Santa Cruz.
Acompañar la cuotificación, con reglas claras y federalismo
La provincia considera que la cuotificación del langostino puede constituir una herramienta positiva para el ordenamiento de la actividad, siempre que aporte previsibilidad, reglas claras y criterios objetivos para la administración del recurso. En ese sentido, Santa Cruz sostiene que la construcción del régimen debe desarrollarse mediante un proceso participativo, transparente y verdaderamente federal, con intervención de las provincias, las cámaras empresarias, los trabajadores y los organismos técnicos y científicos.
El posicionamiento provincial plantea que la administración del recurso debe equilibrar la sustentabilidad biológica, el desarrollo económico y la generación de empleo, reconociendo el aporte estratégico tanto de la flota congeladora como de la flota fresquera, y fortaleciendo la industrialización y el desarrollo territorial.
Criterios de asignación más allá del historial de captura
Santa Cruz sostiene que la asignación de cuotas no debe sustentarse exclusivamente en los antecedentes históricos de captura, sino también en la conservación del recurso, la generación de empleo, el procesamiento industrial, las inversiones, el desarrollo regional, el arraigo territorial y el cumplimiento normativo.
El aporte de Santa Cruz a la conservación del recurso
El eje central del planteo provincial es el esfuerzo sostenido durante ocho años con el cierre del Golfo San Jorge para la pesca del langostino. Ese esfuerzo permitió proteger una de las principales áreas de reproducción y cría de la especie, beneficiando a toda la pesquería nacional. Por ello, la provincia considera que dicho aporte debe ser reconocido expresamente dentro del futuro régimen.
En ese marco, Santa Cruz considera justo y razonable que el nuevo esquema contemple la asignación de una cuota social de 50.000 toneladas de langostino, administrada por la provincia, como mecanismo de compensación por el esfuerzo de conservación realizado y como herramienta para promover el desarrollo industrial, el empleo, las descargas en puertos santacruceños y el fortalecimiento de las economías regionales.
Las voces de la gestión
El secretario de Estado de Pesca y Acuicultura, Sergio Klimenko, señaló que “tanto el Gobernador Claudio Vidal como la ministra Nadia Ricci nos plantearon defender con firmeza el aporte que hizo Santa Cruz. Durante ocho años sostuvimos el cierre del Golfo San Jorge, protegiendo el principal caladero reproductivo del langostino argentino, y ese esfuerzo benefició a toda la pesquería nacional. Es de toda justicia que ese sacrificio se reconozca con una cuota concreta para la provincia”.
Por su parte, la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, remarcó que “Santa Cruz no pide un privilegio, pide lo que le corresponde. Cuidamos el recurso cuando había que cuidarlo, con el costo que eso significó para nuestra provincia, y hoy ese recurso es uno de los más sanos del mundo. Esa cuota social significa trabajo, industria y desarrollo para los santacruceños, y vamos a defenderla en cada mesa donde se discuta el futuro del langostino”.
El Gobierno de Santa Cruz sostendrá una posición firme en defensa de un régimen de cuotificación transparente, participativo y federal, basado en criterios biológicos, sociales, productivos y económicos, en línea con la política del Gobernador Claudio Vidal de defender los intereses de la provincia y promover el desarrollo de la industria pesquera santacruceña.
