Tras meses de reclamos, la Dirección de Políticas de Género local decidió judicializar el abandono a las vecinas de Río Gallegos. Hoy tuvo lugar una nueva audiencia a la que funcionarias de Desarrollo no se presentaron. “esta semana tuvimos dos intentos de femicidio y provincia está llevando a las mujeres a radios para que pidan ayuda”.

La Dirección de Políticas de Género de la capital, solicita al Gobierno Provincial que destine fondos para atender a las mujeres que viven violencia y que necesitan de asistencia para salir adelante. Su directora, Viviana Caballero dio a conocer que el reclamo porque el Ministerio de Desarrollo se haga cargo de lo que le compete no pudo ser resuelto por la vía institucional y se encuentra en la justicia.

“Desde el inicio de la gestión de Claudio Vidal, la provincia retrocedió enormemente en materia de protección de las mujeres, incurriendo en prácticas de violencia institucional gravísimas. Hoy están llevando a las mujeres desesperadas a pedir ayuda en los medios de comunicación en vez de hacerse cargo”, indicó.

De muchas formas desde la Dirección de Políticas de Género local, se le ha advertido al Ministerio responsable las consecuencias sociales que conlleva la falta de gestión sobre esta problemática en crecimiento.

A diario el municipio es requerido a través de la Oficina de Violencia Domestica del Poder Judicial para abordar la situación de vecinas que, en paralelo, están atravesadas por otras vulneraciones vinculadas a que de un día para el otro quedan sin sustento económico. Sin embargo, desde hace dos años la respuesta del Ministerio de Desarrollo es la misma: no tienen presupuesto.
El 29 de agosto, el ministerio en cuestión notificó al municipio para que cesara en derivar mujeres a la órbita provincial, razón por la cual la Dirección decidió acudir a la Justicia.

“Tuvimos infinidad de reuniones con el Ministerio de Desarrollo que no se anima a decir algo básico: Lo que quedaba de la secretaria de igualdad ya no existe. No se entiende por qué no lo cuentan. Porque no dan respuesta en nada y por el contrario, violentan a nuestras vecinas”, indicó Caballero.

El pasado 9 de octubre, el municipio solicitó la intervención de la Oficina de Género, dependiente del Tribunal Superior de Justicia para que intervenga a fin de poder derribar los obstáculos que el gobierno de Vidal interpone en el acceso a la ayuda para las mujeres y diversidades.

Según contó la directora municipal, en esa reunión “se expuso con mucha preocupación que las mujeres regresaban a vivir con las familias de sus agresores porque no se cumplían los compromisos de asistencias económicas para el pago de alquileres, no realizan visitas, no atienden mujeres y piden por escrito que no sean acompañadas al Ministerio de Desarrollo Social Provincial. En presencia de las funcionarias representantes de la cartera social provincial se remarcó que no es posible que la respuesta del Estado sea que no cuentan con fondos, o que los programas no están vigentes y las leyes están sin reglamentar. Están incumpliendo la ley de protección integral”
Los números de atención encienden todas las alertas mientras el Estado Provincial continua sin saber cómo gestionar las políticas de género. Solo en la municipalidad de Río Gallegos se atiende a una mujer distinta cada 27 horas, el 12% de esas mujeres requieren la activación de protocolos de resguardo. En el mes de septiembre se realizaron 85 acompañamientos directos de mujeres y 6 fueron por intentos de femicidios. En tanto que, esta semana, hubo dos casos en los que peligró la vida de la denunciante, producto de la violencia machista.

Para la funcionaria de Pablo Grasso, “este contexto exige que la provincia encuentre el rumbo para brindar acciones concretas de asistencia. Desfinanciar y discontinuar las políticas de género es condenar a las mujeres de Santa Cruz a salvarse solas de las violencias, es abandonarlas para impedirles el desarrollo social y el cumplimiento de sus derechos”.

Vale recordar que en la ciudad de Rio Gallegos se garantiza una guardia de acompañamiento que funciona las 24 horas. Las situaciones más extremas activan sistemas de protección como alojamiento, alimentación, vestimenta y otras necesidades que el municipio garantiza en la inmediatez, mientras que la presencia de la Guardia Urbana pone a resguardo la seguridad en los traslados de las denunciantes. Tras las primeras horas del hecho, los equipos técnicos proponen terapias individuales y grupales, pero lamentablemente todo esto encuentra un límite cuando las mujeres y sus familias no pueden garantizar el techo, los servicios energéticos y el acompañamiento económico necesario para seguir adelante.