En una decisión causó sorpresa en la comunidad de Caleta Olivia y sus alrededores, la Inspección General de Justicia anunció el cierre de la Oficina de Personería Jurídica en esta ciudad. Desde ayer, la oficina fue cerrada y ahora los trámites deberán hacerse vía e-mail o por correo de sobre hacia la Capital Provincial, como hace 17 años atrás.

La medida, revelada por la Dra. Laura De Julio, Directora de la Unidad de Registros Públicos, y la Subsecretaria del Ministerio de Gobierno Soledad Boggio, entró en vigor ayer, 16 de abril y les fue informada a las cuatro trabajadoras que allí desempeñan sus funciones.

Giselle Aguirre, una de las trabajadoras, quien estuvo al frente de la oficina entre 2015 y 2019, expresó su preocupación y descontento ante esta modificación estructural. Aguirre compartió sus impresiones con La Mañana en Patagonia, destacando el impacto negativo que esta decisión tendrá en la región: “Es un retroceso para toda la zona, para las instituciones, porque somos quienes además los guiamos a su formación o en algún tipo de problema.”

La Oficina de Personería Jurídica, con 17 años de servicio en Caleta Olivia, no solo ha sido un punto de referencia para las instituciones locales, sino también para toda la zona norte. Aguirre subrayó el papel vital que desempeña la oficina en la vida institucional de la comunidad, facilitando a las organizaciones el acceso a diversos beneficios estatales, como la titularidad de tierras.

La decisión del cierre ha generado descontento entre el personal de la oficina, compuesto por cuatro trabajadoras. Aguirre señaló que, si bien no quedan sin trabajo, deberán ser reubicadas en otras áreas dentro del Registro Civil o encontrar funciones en otro Ministerio. Sin embargo, su principal preocupación radica en el impacto en las instituciones y en el retroceso en los servicios ofrecidos.

Aguirre enfatizó que la ley que respalda esta reestructuración no especifica el cierre de la oficina, lo que lleva a entender que se trata de una decisión política. La falta de consulta y el aparente desprecio por el trabajo previo realizado con las instituciones locales ha generado una ola de desaprobación. Aguirre expresó su agradecimiento a las uniones vecinales que han levantado la voz en protesta, destacando que, más allá de su situación laboral personal, su principal preocupación son las instituciones.

“Es retroceder 17 años para atrás, donde tenés que esperar que Río Gallegos te conteste”, lamentó Aguirre, haciendo hincapié en la pérdida de eficiencia y la demora en los procesos que resultarán de esta medida.