A través de un comunicado, el Partido Obrero de Santa Cruz cuestionó la reforma impulsada por el Gobierno nacional a la Ley de Tierras. La fuerza política sostuvo que la medida favorece la concentración y extranjerización del territorio, y reclamó la defensa de los recursos estratégicos de la provincia.

Desde el Partido Obrero de Santa Cruz rechazamos la modificación de la Ley de Tierras impulsada por el gobierno nacional, que elimina restricciones y facilita la concentración y extranjerización de grandes extensiones del territorio argentino.

La medida avanza en un país donde la tierra ya se encuentra fuertemente concentrada en manos de grandes terratenientes, grupos económicos y sociedades empresarias. Lejos de resolver el acceso a la tierra para las familias trabajadoras, los pequeños productores o las comunidades, esta reforma profundiza un modelo de entrega del territorio y de los recursos naturales a los grandes capitales.

Según datos difundidos sobre la estructura agraria patagónica, en Santa Cruz unos 471 grandes propietarios concentran alrededor de 13 millones de hectáreas (equivalentes a 18 veces la superficie del Parque Nacional Los Glaciares), que corresponden a cerca del 99% de la superficie de las explotaciones agropecuarias relevadas.
Entre los principales grandes propietarios vinculados a tierras rurales en Santa Cruz aparecen:

• Grupo Benetton, mediante la Compañía de Tierras Sud Argentino (CTSA). entre ellas las estancias Coronel y El Cóndor. Ambas sumarían alrededor de 550.000 hectáreas.
• Familias Braun-Menéndez y grupos vinculados a la cadena hipermercadista La Anónima. Poseen alrededor de 750.000 hectáreas en conjunto entre Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
• Familia Braun y sociedades relacionadas, por ejemplo, Estancia Rospentek, de aproximadamente 90.000 hectáreas, y Tapi-Aike, de alrededor de 60.000 hectáreas.
• Cielos Patagónicos S.A., vinculada a la familia Smart. Poseen unas 60.000 hectáreas en Santa Cruz, incluyendo estancias de la zona de Lago San Martín, Lago del Desierto y el entorno del Parque Nacional Perito Moreno.
• Familia Morrison, asociada a la Estancia Cancha Carrera, en la zona de Río Turbio. La ubican con alrededor de 60.000 hectáreas.

Históricamente, gran parte de las tierras patagónicas fue distribuida después de la ocupación militar del territorio a fines del siglo XIX. Grandes extensiones quedaron en manos de estancieros, compañías ganaderas y familias vinculadas al negocio lanero, mientras que los pueblos originarios fueron desplazados de sus territorios y confinados a reservas en áreas marginales como la de Camusu Aike.

En Santa Cruz, la política de latifundio, concentración y extranjerizacion adquiere una relevancia particular.

De acuerdo a un reciente relevamiento del Observatorio de Tierras del CONICET, el 8,11% de la superficie provincial (1,9 millones de hectáreas) se encuentran en manos de propietarios extranjeros. La situación es de una gravedad inusitada en el Departamento Magallanes dónde el 25,77% de la tierra total (más de 509.000 hectáreas) pertenece ya a corporaciones mineras foráneas y extractivistas.

Nuestra provincia posee enormes extensiones de territorio, recursos petroleros, mineros, pesqueros y energéticos, reservas de agua, costas sobre el Atlántico Sur y una ubicación geopolítica estratégica por su cercanía con las Islas Malvinas, la Antártida y las rutas del Atlántico Sur.

La tierra santacruceña no es un simple bien inmobiliario. Está ligada al control de recursos estratégicos, al acceso al agua, a la producción, a la infraestructura y a la soberanía nacional. Permitir que grandes fondos, corporaciones y capitales extranjeros amplíen su control territorial significa profundizar la subordinación económica y comprometer decisiones fundamentales sobre el futuro de la provincia.

Mientras se facilita la concentración de grandes extensiones, miles de familias de Santa Cruz enfrentan dificultades para acceder a un lote, una vivienda o tierra para producir. En todas las localidades la crisis habitacional y la falta de suelo urbano son problemas concretos que afectan a trabajadores y sectores populares. La política oficial protege la especulación y los grandes negocios, mientras niega una solución al derecho a la tierra y la vivienda.

La modificación de la Ley de Tierras se inscribe en una política más amplia de entrega de los recursos nacionales: privatizaciones, concesiones petroleras y mineras, beneficios extraordinarios para las grandes empresas y subordinación a los intereses del capital financiero internacional.

Desde el Partido Obrero sostenemos que la tierra, el agua y los recursos estratégicos deben estar al servicio de las necesidades sociales y del desarrollo de las mayorías, no de la especulación inmobiliaria ni de la apropiación privada de la riqueza.

LA TIERRA, EL AGUA Y LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS NO ESTÁN EN VENTA.
LA TIERRA NO SE VENDE, NO SE QUEMA, NO SE DESALOJA