Durante la 8ª Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados, la diputada Agostina Mora presentó un proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo Provincial que remita a la Legislatura toda la documentación vinculada al Decreto Provincial N° 1202/25 y al convenio firmado con el Estado Nacional, mediante el cual la provincia reconoció una deuda por aproximadamente $60.000 millones destinada al financiamiento de gastos corrientes.
En su intervención, Mora advirtió que el decreto aún no fue publicado en el Boletín Oficial, requisito indispensable para la plena vigencia de este tipo de actos administrativos, y cuestionó que tampoco haya sido enviado a la Cámara de Diputados para su análisis, pese a tratarse de un convenio que involucra recursos públicos, endeudamiento y el desistimiento de reclamos judiciales que la provincia mantenía contra el Estado Nacional.
“Nos dicen que no hay plata y que los trabajadores deben seguir haciendo esfuerzos. Sin embargo, en diciembre de 2025 el propio Gobierno tomó una deuda por 60 mil millones de pesos para afrontar gastos corrientes, algo que el mismo gobernador había dicho que era motivo para ir preso”, sostuvo la legisladora durante el debate.
Asimismo, remarcó que el convenio no implica una condonación de deuda, sino un financiamiento que deberá ser devuelto con intereses, al tiempo que la provincia resigna reclamos de recursos que considera propios.
Finalmente, Mora señaló que la Legislatura debe contar con toda la documentación para ejercer su función de control y reclamó que el decreto sea publicado para garantizar la transparencia de los actos de gobierno. “Si hoy se plantea un nuevo endeudamiento para la provincia, también es necesario que la sociedad conozca que ya existe un endeudamiento vigente que fue asumido para gastos corrientes y sobre el cual todavía no hubo información pública suficiente”, concluyó.
El proyecto fue girado a las comisiones correspondientes para su tratamiento, luego de que la mayoría oficialista votara en contra de su aprobación sobre tablas. De este modo, el pedido de acceso a la documentación vinculada al Decreto Provincial N° 1202/25 continuará su trámite legislativo, mientras persisten los interrogantes sobre un convenio que compromete recursos públicos, reconoce una deuda por millones y desiste de reclamos judiciales de la provincia ante la Nación.
