La Federación Económica de Santa Cruz difundió un informe técnico que documenta la pérdida de 227 empresas empleadoras entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, con una aceleración alarmante en los primeros meses de 2026. El relevamiento advierte que el dato real podría ser muy superior, ya que la estadística oficial no capta a comercios y emprendimientos unipersonales.

La Federación Económica de Santa Cruz (FESC) presentó hoy un informe técnico que confirma lo que el sector productivo viene advirtiendo desde hace meses: la provincia atraviesa la contracción de su entramado empresarial más severa de las últimas décadas. Según datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), procesados por la consultora Politikon Chaco, Santa Cruz perdió 227 empresas empleadoras entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025. Solo en febrero de 2026, la caída mensual fue de 46 firmas, la tercera peor variación de todo el país.

“No es un dato aislado ni una percepción: es una tendencia sostenida que se viene acelerando”, señalaron desde la entidad al presentar el relevamiento, que combina estadísticas oficiales con un análisis metodológico propio.

Una empresa menos cada tres días

El informe estima que, durante el período analizado, en la provincia cerraron entre 1,5 y 2 empresas por día. La cifra surge de aplicar la proporción de cierres registrados a nivel nacional —más de 97.000 entre enero de 2024 y marzo de 2025, según la Secretaría de Trabajo— a la participación de Santa Cruz en el universo empresarial argentino. El cálculo resulta consistente con los registros del municipio de Río Gallegos, que contabilizó más de 150 comercios cerrados durante 2025 y un promedio de un cierre diario en lo que va de 2026, solo en la capital provincial.

El dato visible es apenas la punta del iceberg

Uno de los hallazgos más relevantes del informe es que las cifras oficiales podrían estar subestimando la magnitud real del fenómeno. Las estadísticas de la SRT solo registran “empresas empleadoras” —firmas con al menos un trabajador en relación de dependencia—, que representan apenas el 12% al 13% de las unidades económicas activas de la provincia. El 87% restante —entre 25.000 y 28.000 monotributistas y autónomos— no figura en ninguna estadística de cierres.

“Estamos midiendo el segmento más chico y más resistente de la economía santacruceña: el que tiene espalda para sostener empleados. Si ese segmento pierde una empresa cada tres días, es muy probable que la situación del comercio de barrio, el monotributista y el cuentapropista sea igual o peor”, explicaron desde la Federación.

Empleo: la caída más profunda del país

El informe también expone el deterioro del empleo privado registrado, que cayó 16% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 —de 60.623 a 50.954 trabajadores—, el peor desempeño del país. La brecha entre la caída de empresas (-7%) y la del empleo (-16%) indica que las firmas que sobrevivieron debieron reducir drásticamente sus plantillas.

Entre los factores explicativos, el informe señala la paralización de la obra pública nacional — incluidas las represas sobre el río Santa Cruz—, el retiro de YPF de las áreas convencionales, con arrastre sobre contratistas y pymes de servicios, y el derrumbe sostenido del consumo interno.

El reclamo de la FESC: que la Nación también se sume

La Federación Económica de Santa Cruz valoró la sanción de la Ley Nº 3996 de Emergencia Comercial, Industrial y PyME —vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 e instrumentada por el Decreto Provincial Nº 0453—, que suspende ejecuciones fiscales y habilita planes de regularización de deudas para las empresas santacruceñas.

No obstante, la entidad remarcó que la herramienta provincial por sí sola es insuficiente: buena parte del estrés financiero del sector proviene de organismos nacionales, en particular de ARCA, cuyas ejecuciones y embargos no quedan automáticamente suspendidos por una norma local. Por eso, la FESC reclamó que el Gobierno nacional adhiera a la emergencia y extienda a nivel federal los mismos beneficios de regularización de deudas y suspensión de embargos, de manera que la protección sea real y no quede a mitad de camino.

A esto se suma un reclamo concreto sobre la implementación local: la propia Ley Nº 3996 prevé la creación de una Comisión de Seguimiento de la Emergencia Comercial —integrada por los ministerios provinciales, la ASIP, los bloques legislativos, el Sindicato de Empleados de Comercio y el sector empresario—, pero ese cuerpo todavía no fue efectivamente constituido por el Poder Ejecutivo provincial. La FESC exigió su conformación inmediata, ya que sin ese ámbito en funcionamiento la ley carece de la instancia de monitoreo que la propia norma establece.

La Federación advirtió, además, que más allá del marco normativo vigente, la situación de fondo del sector sigue siendo crítica —con niveles de estrés financiero “peores que los registrados durante la pandemia”—, por lo que insistió en que, una vez constituida, esa comisión gestione activamente la adhesión nacional y traduzca el ordenamiento normativo en alivio concreto para las empresas.