El secretario general de SIPGER, Rafael Güenchenen, cuestionó la denuncia judicial presentada en su contra por Pan American Energy, sostuvo que su accionar responde a la defensa del empleo local y el cumplimiento de la legislación provincial, y reclamó que se investigue el desempeño ambiental y laboral de la empresa en Santa Cruz.

El secretario general de SIPGER, Rafael Güenchenen, expresó su “más absoluto rechazo” a la denuncia judicial presentada en su contra por Pan American Energy (PAE), al sostener que se lo pretende acusar por defender el empleo santacruceño, exigir el cumplimiento de la legislación provincial y reclamar que la empresa respete las normas vigentes en Santa Cruz.

En un extenso comunicado dirigido a los trabajadores petroleros, las familias santacruceñas y la opinión pública, el dirigente sindical afirmó que la operadora intenta “invertir los roles”, al presentarse como víctima mientras, según manifestó, mantiene deudas vinculadas al cumplimiento de obligaciones laborales y ambientales en la provincia.

Güenchenen cuestionó el accionar de PAE y señaló que la empresa explotó durante décadas los recursos provinciales, dejó un pasivo ambiental en la zona de Koluel Kayke y actualmente desarrolla actividades en Santa Cruz sin respetar las normas laborales provinciales que, aseguró, está obligada a cumplir.

Asimismo, sostuvo que la incorporación de personal y cuadrillas provenientes de otras provincias para operar en yacimientos santacruceños vulnera la Ley Provincial N.º 3141 (Ley 90/10) y afecta las posibilidades laborales de los trabajadores locales en un contexto de crisis del sector hidrocarburífero.

En ese sentido, responsabilizó a la empresa por las consecuencias que puedan derivarse de sus decisiones y advirtió que la paz social en la cuenca petrolera “está en riesgo” debido a la situación laboral y productiva que atraviesa Santa Cruz.

El dirigente también defendió la legitimidad de las medidas gremiales, al sostener que la protesta sindical, el derecho de huelga y la organización de los trabajadores cuentan con respaldo constitucional y no pueden ser criminalizados.

Por otra parte, reclamó que la Justicia investigue el desempeño de PAE en relación con presuntos pasivos ambientales, contaminación, abandono de áreas operativas y el cumplimiento de la normativa provincial y nacional en materia ambiental. En ese marco, mencionó distintas leyes y decretos que, a su criterio, deberían ser considerados para analizar la actuación de la empresa.

Además, exhortó al Poder Judicial a no convertirse en una herramienta de presión contra las organizaciones sindicales y cuestionó la rapidez con la que, según indicó, avanzan las causas contra el gremio en contraste con la demora para investigar presuntos incumplimientos empresariales.

Finalmente, Güenchenen ratificó la postura histórica de SIPGER en favor de la inversión y la reactivación de la actividad hidrocarburífera, aunque remarcó que ello debe realizarse respetando el empleo santacruceño, las leyes provinciales y el ambiente.

En el cierre de su mensaje, aseguró que continuará defendiendo los derechos de los trabajadores y afirmó que la denuncia judicial no modificará su posición frente al conflicto.