A 48 horas de la reunión en Buenos Aires, el SIPGER, en estado de alerta y movilización, ratificó que no admitirá nuevas dilaciones. PAE deberá adecuar la composición de su personal y presentar un plan de inversión real que permita sumar equipos, recuperar actividad e incorporar nuevas reservas. Güenchenen denunció además la complicidad del Gobierno provincial, que dejó avanzar el incumplimiento mientras negocia la continuidad de las áreas.

La presión de los trabajadores obligó a la operadora a volver a la mesa. PAE pretende sostener las dotaciones trasladadas desde otras provincias y relegar a los trabajadores santacruceños a futuras vacantes. Con esa decisión mantiene intacta la causa del conflicto y pretende cumplir la legislación provincial según su propia conveniencia.

La Ley Provincial 3141, modificada por la Ley 3960, establece el régimen 90/10 para las actividades desarrolladas dentro de Santa Cruz. Su aplicación alcanza a las operaciones actuales y PAE carece de facultades para decidir unilateralmente que comenzará a cumplirla recién cuando se genere una nueva vacante. Si la compañía invoca alguna excepción o prórroga de adecuación, el Gobierno deberá exhibir el acto administrativo que la autoriza.

“Acatamos la conciliación obligatoria y durante meses sostuvimos el diálogo. En esa mesa, PAE se comprometió a revisar las dotaciones trasladadas desde Chubut. Después llevó el conflicto a la Justicia y consiguió una cautelar con la que durante semanas limitó la acción gremial e intentó disciplinarnos. Dejó correr el tiempo sin cambiar nada y hoy nos obliga a llegar a esta nueva reunión con las mismas cuadrillas y nuestra gente afuera. PAE no respetó su palabra ni las leyes de Santa Cruz. Este miércoles deberá llevar una solución concreta, por escrito y con un cronograma de cumplimiento. Es la última oportunidad que le damos. Sin trabajo santacruceño no hay prórroga”, afirmó Güenchenen.

Los plazos y el alcance del plan presentado resultan insuficientes para recuperar la producción. La propuesta tampoco diferencia con claridad las inversiones nuevas de los trabajos correspondientes a obligaciones asumidas con anterioridad. El SIPGER exige que cada compromiso quede identificado, cuantificado y sujeto a un cronograma verificable.

“PAE no puede presentar como inversión nueva los trabajos que ya estaba obligada a ejecutar. La Resolución IESC N.º 38/2023 fijó el 17 de agosto de 2026 como fecha de finalización del segundo período exploratorio de Meseta Cerón Chico. Antes de hablar de continuidad, el Gobierno provincial tiene que informar qué compromisos ejecutó la empresa, cuáles fueron certificados, qué obligaciones continúan pendientes y bajo qué acto administrativo continúa el área. Lo establecido en el pliego, el contrato y el programa básico de exploración no puede aparecer ahora con otra fecha y otro nombre para inflar una propuesta. Si PAE quiere más tiempo, tendrá que ofrecer inversiones adicionales, nuevos equipos, mayor actividad, incorporación de reservas y trabajo santacruceño. El Gobierno debe dejar de convertir obligaciones empresarias en anuncios oficiales. Vender como éxitos de gestión compromisos que PAE ya tenía asumidos es mentirle a Santa Cruz”, sostuvo Güenchenen.

La revisión exigida por el Sindicato incluirá la verificación del cumplimiento de la Ley Provincial 2658 y de las restantes obligaciones ambientales correspondientes a las áreas que se encuentran o estuvieron bajo responsabilidad de PAE. El Gobierno deberá exhibir las declaraciones de impacto ambiental vigentes, las auditorías realizadas, el estado de los pozos y las instalaciones, los pasivos identificados y los trabajos de remediación pendientes.

PAE busca consolidar su permanencia en Anticlinal Grande–Cerro Dragón y Chulengo más allá del 14 de noviembre de 2027. La Ley Provincial 3009 aprobó un acuerdo que, además de la prórroga vigente, contempló un contrato de operación con FOMICRUZ para la etapa posterior. El Gobierno deberá informar con precisión qué instrumento negocia actualmente y cuáles son sus alcances. Tendrá que detallar las condiciones que deberá cumplir la compañía y los controles realizados sobre sus obligaciones laborales, productivas, ambientales y de inversión.

Conforme a la Ley Provincial 3117, todo nuevo Acuerdo de Prórroga deberá ser remitido por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados para su ratificación. Si las conversaciones actuales buscan modificar el esquema aprobado mediante la Ley 3009, ampliar plazos o conceder nuevos derechos, el Gobierno tendrá que explicar públicamente el procedimiento legal aplicable y exhibir toda la documentación.

El SIPGER solicitará reuniones con todos los bloques legislativos para presentar los antecedentes del conflicto. Reclamará el rechazo de cualquier nuevo acuerdo que deba ser tratado por la Cámara mientras la situación laboral permanezca sin resolver y pedirá un pronunciamiento para que el Poder Ejecutivo inicie los procedimientos correspondientes si PAE persiste en desconocer las leyes santacruceñas.

“Que el Gobierno provincial se saque de la cabeza que puede disponer del futuro de las áreas como si sus funcionarios fueran sus dueños. Conoce el incumplimiento, sabe que nuestra gente continúa desempleada y aun así protege los intereses de Bulgheroni. Si este miércoles PAE no cumple y mantiene a los trabajadores santacruceños fuera de los yacimientos, vamos a movilizar a todos los petroleros hasta Río Gallegos. Exigiremos que no se le conceda ningún nuevo derecho. Todo nuevo Acuerdo de Prórroga deberá pasar por la Cámara y allí reclamaremos que los diputados no lo ratifiquen. Cada legislador tendrá que responder públicamente por su voto. No vamos a permitir que decidan a espaldas de Santa Cruz”, advirtió.

La Comisión Directiva y los delegados analizarán la respuesta que PAE presente el miércoles. El estado de alerta y movilización continuará vigente en todos los yacimientos de la provincia. Si resulta insatisfactoria, el Sindicato convocará una Asamblea General para definir la profundización del plan de lucha.

“PAE sabe perfectamente lo que está en juego. Si pretende continuar en Santa Cruz, deberá cumplir nuestras leyes, invertir, producir y contratar trabajadores santacruceños. Este Sindicato no va a permitir que una empresa se lleve el petróleo mientras nuestra gente espera afuera. Vamos a defender cada puesto de trabajo hasta las últimas consecuencias”, concluyó Güenchenen.