El 22 de agosto de 2024, la Legislatura Provincial aprobó un proyecto de ley presentado por el diputado Pedro Muñoz, que proponía modificar el artículo 75 del Código Procesal Penal. Esta reforma permitiría a los ciudadanos y denunciantes constituirse como parte querellante en causas relacionadas con corrupción y delitos ambientales. Pero ahora Claudio Vidal vetó esta ley, mediante el Decreto 993/24.

Desde el radicalismo la diputada nacional Roxana Reyes cuestiona esta medida del gobierno provincial que frena la lucha contra la corrupción y es una mala señal para la sociedad. 

En un duro mensaje Roxana Reyes rechazó la medida tomada por el Gobierno de Santa Cruz de vetar la norma que había sido sancionada en la Legislatura provincial y que buscaba impulsar y promover la lucha contra la corrupción. 

“En Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas hemos hecho denuncias contra funcionarios públicos por delitos de corrupción y sistemáticamente se archivaron sin que se pueda acceder a las causas. Ahora el Gobernador Vidal ha vetado el proyecto que preveía la posibilidad de presentarse como querellante para tener adecuado control de esas causas. Un veto que no se entiende y que se da de bruces con el discurso del cambio y del fin de la impunidad”, destacó la diputada. 

En sus redes sociales Roxana Reyes reclamó a los diputados de Santa Cruz que reviertan la medida y rechacen el veto: “Instamos a la Cámara de Diputados de Santa Cruz insistir y repeler el veto; de lo contrario triunfará la impunidad.” 

La norma en cuestión, establecía una modificación en el Código Procesal Penal de la provincia, con el objetivo de que los denunciantes tengan más participación y un mayor control sobre el curso de las causas de corrupción vinculadas a la administración pública.

En sus artículos dispone que puedan conformarse como querellantes de las causas “toda persona con capacidad civil particularmente ofendida por un delito de los que dan lugar a la acción pública”, y agrega: “los legisladores nacionales, provinciales o municipales y cualquier ciudadano o persona jurídica”.

La norma deja en claro que se trata de “casos que se denuncien o investiguen hechos de corrupción que hayan sido presuntamente cometidos, como autores o partícipes, por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ellas, o en los delitos contra el ambiente”.

El veto del Gobernador Vidal desató un debate profundo sobre la transparencia en la gestión pública y el acceso a la justicia en Santa Cruz. Mientras desde el radicalismo se denuncia un retroceso en la lucha contra la corrupción, desde el oficialismo aún no han dado explicaciones claras sobre las razones de esta decisión.

El futuro de esta norma dependerá ahora de la postura que adopten los legisladores provinciales, quienes tienen en sus manos la posibilidad de insistir en la sanción de la ley o permitir que el veto se mantenga, marcando un precedente clave en el camino hacia una mayor participación ciudadana en los procesos judiciales.