La ex presidenta de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares alertó que la nueva normativa del Gobierno nacional implica la disolución del organismo y pone en riesgo el fondo que sostiene a las bibliotecas populares de todo el país. La medida recibió un rechazo transversal de referentes culturales y políticos.
Una fuerte reacción del mundo cultural y político se desató en las últimas horas tras conocerse el avance del Gobierno nacional sobre la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), un organismo con más de 150 años de historia dedicado a garantizar el acceso democrático a la lectura en todo el país.
El reciente decreto 345/2025, sumado a disposiciones previas del DNU 70/2023, establece una reforma estructural que elimina la autonomía institucional y financiera de la CONABIP, transfiriendo sus funciones a la órbita directa de la Secretaría de Cultura.
En diálogo con Voces y Apuntes, María del Carmen Bianchi, ex presidenta del organismo, fue contundente: “Con el decreto 345, literalmente se desaparece a la CONABIP como tal”. Explicó que, al disolverse la Comisión, corre riesgo el fondo especial creado por la ley de bibliotecas populares, del cual dependen los subsidios y recursos fundamentales para su funcionamiento.
“La aberración que significa este decreto es tal que todos los ministros y secretarios de Cultura de todos los gobiernos, y todos los ex presidentes de CONABIP —con diferencias políticas e ideológicas— firmamos una carta conjunta al actual presidente del organismo. Le expresamos que esta medida no tiene ningún fundamento técnico, ni presupuestario, ni administrativo que la justifique”, afirmó Bianchi.
Según la ex funcionaria, el objetivo del Gobierno es eliminar la Comisión y reemplazarla por un esquema centralizado bajo control del Secretario de Cultura, quien designaría a “cinco amigos como asesores”, sin representación de las bibliotecas ni de las provincias.
“La CONABIP representa a la asociación bibliotecaria con mayor cantidad de afiliados. Allí están representadas las bibliotecas populares de todo el país y los gobiernos provinciales, con cargos elegidos democráticamente cada dos años. Solo el presidente es designado por el Poder Ejecutivo. Esa estructura garantiza transparencia absoluta en el manejo de recursos”, remarcó Bianchi.
También destacó que la CONABIP ha sido auditada periódicamente por diversos organismos y que nunca se han detectado irregularidades en ninguna de sus gestiones. “Lo que parece una simple reorganización administrativa, en realidad atenta contra una institución con una fuerte representación federal. Vamos a pasar a una política centralista, donde una sola persona definirá todo sin control ni participación”, advirtió.
La eliminación de la CONABIP pone en peligro no solo el sustento económico de cientos de bibliotecas populares, sino también el modelo federal y participativo que ha caracterizado al organismo desde su creación en 1870. La resistencia a esta medida crece, y sectores de la cultura, la política y la ciudadanía ya organizan acciones para exigir su restitución y fortalecimiento.
