Más de 600 vecinos impulsan una denuncia ambiental por el estado del vaciadero municipal, mientras resurgen cuestionamientos sobre el manejo de recursos del programa GIRSU y promesas de traslado incumplidas.

El conflicto por el basural a cielo abierto de Río Gallegos volvió a escalar en las últimas horas, impulsado por un reclamo vecinal que ya reunió más de 600 firmas en una sola jornada. La iniciativa, encabezada por Alejandro Pereyra, busca avanzar con una denuncia formal ante la Secretaría de Ambiente para exigir el cierre del vaciadero y una solución definitiva a la problemática.

La tensión creció tras la difusión de imágenes por parte de la planta recicladora, en las que se muestra el predio saneado y el traslado de residuos. Sin embargo, vecinos sostienen que esa situación no se refleja en la realidad y cuestionan el estado actual del lugar.

El conflicto se da en paralelo a una reciente inspección de la Secretaría de Ambiente provincial, que constató el estado crítico del vaciadero e intimó al Municipio a sanear el predio en un plazo de diez días, con vencimiento el próximo 21 de abril.

Desde el Ejecutivo municipal argumentaron que la falta de traslado responde a un incumplimiento de la provincia en el marco de una medida cautelar vigente desde 2015. No obstante, este planteo reavivó el debate sobre el uso de los fondos destinados a resolver el problema.

En ese sentido, el programa GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos), creado para erradicar basurales a cielo abierto, vuelve al centro de la escena. Entre 2013 y 2015, el Municipio de Río Gallegos recibió desembolsos por más de $60 millones, que actualizados equivalen hoy a entre $44.000 millones y $58.000 millones. Sin embargo, la obra adjudicada a la empresa Edisud S.A. tuvo una ejecución inferior al 30%.

El manejo de estos recursos derivó en causas judiciales. En 2019, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el procesamiento de varios intendentes, entre ellos Raúl Cantín, por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” en el marco del programa GIRSU.

A lo largo de los años, el traslado del vaciadero fue anunciado en reiteradas oportunidades sin concretarse. En 2019, durante la gestión de Roberto Giubetich, se mencionó el inicio del proceso. En 2022, se firmó un acuerdo con CGC, que aportó 5 millones de dólares, y en 2023 el intendente Pablo Grasso anunció el inicio del traslado para el 1 de agosto. Ninguna de estas iniciativas se materializó.

Actualmente, el basural continúa operando en condiciones críticas, con más de 140 toneladas diarias de residuos, incluyendo desechos patagónicos, animales muertos y efluentes, con impacto directo en el ambiente y la calidad de vida de los vecinos.

El reclamo ciudadano vuelve a poner en agenda la falta de una política sostenida de gestión de residuos, en un contexto atravesado por recursos millonarios, responsabilidades políticas y una problemática ambiental que persiste sin resolución.