Alicia advirtió que la Ley de Discapacidad es un paso pero no alcanza para reconstruir los derechos vulnerados

Compartir

Durante la sesión del Senado de la Nación en la que se aprobó esta ley, la senadora nacional por Santa Cruz Alicia Kirchner sostuvo que esta sanción evita la desprotección de las personas con discapacidad pero no es suficiente para garantizar derechos esenciales. Para ello, el Gobierno deberá sostener el financiamiento presupuestario y la capacidad operativa territorial para llegar a cada persona titular de derechos en todo el país.

La senadora nacional por Santa Cruz, Alicia Kirchner, intervino este jueves en el recinto del Senado de la Nación durante el tratamiento y aprobación de la Ley de Discapacidad. En su discurso, definió esta sanción como un paso inicial indispensable ante la inminente caducidad de la emergencia actual, pero advirtió que la verdadera garantía de derechos dependerá de su implementación efectiva en todo el país.

Tras compartir el trabajo en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, la legisladora agradeció a los senadores que acompañaron el dictamen con 25 firmas y explicó por qué era urgente votar la norma: “Era imprescindible que firmáramos la misma por su vencimiento”.

En esa línea, Alicia Kirchner dejó en claro que aprobar el texto en el Congreso no resuelve por sí solo los problemas acumulados ni repara lo perdido. “Toda ley es perfectible y estará en nosotros hacer otros aportes que la cualifiquen”, sostuvo, y fue categórica al definir el alcance de la votación: “Ninguna sanción legislativa es un punto de llegada o reconstruye los derechos que fueron vulnerados. En tal caso es un punto de partida, de ahí los aportes que tenemos que hacer”.

La senadora también subrayó que las personas con discapacidad no son meras beneficiarias, sino titulares de derechos que el Estado debe proteger frente a las políticas de ajuste y la llamada cultura del descarte señalada por el Papa Francisco y retomada por el Papa León XIV. “Una persona con discapacidad es titular de ese derecho”, afirmó.

La norma aprobada —que ya contaba con media sanción de Diputados por 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones— consolida el esquema de protección de la Ley 27.793 de manera permanente, sin prorrogar la emergencia que vence el 31 de diciembre de 2026. Entre sus puntos principales, establece que la pensión por invalidez laboral o discapacidad (con Certificado Único de Discapacidad) equivalga al 70% del haber mínimo del SIPA con actualización periódica, y permite compatibilizarla con empleo registrado o monotributo hasta dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Además, el texto dispone que si se supera ese tope salarial la pensión se suspenda de manera provisoria y no se dé de baja definitivamente, habilitando su rehabilitación inmediata al cesar el empleo o bajar los ingresos. También ratifica la actualización automática de aranceles para prestadores según la movilidad jubilatoria (atada al IPC), mantiene la cobertura médica del Plan Federal Incluir Salud, sostiene los beneficios patronales por contratación permanente, establece auditorías cruzadas con derecho a defensa previa y fija la incompatibilidad con la asignación universal o familiar por hijo con discapacidad.

Al analizar cómo se aplicará la ley en la práctica, Alicia Kirchner puso el foco en la responsabilidad del Poder Ejecutivo y las dificultades operativas en las provincias. En ese sentido, advirtió que canalizar los trámites únicamente a través de 427 oficinas frente a unos 2.300 municipios y comisiones de fomento de todo el país resulta insuficiente, especialmente tras el cierre de los centros de referencia y considerando que el 42,90% de esas sedes se concentra en la provincia de Buenos Aires, mientras que distritos como Córdoba tienen apenas 19 oficinas de ANSES para 427 gobiernos locales. A esto sumó las barreras digitales en más de 3.600.000 hogares sin conectividad, reclamando operativos territoriales con equipos médicos para tramitar los certificados.

La senadora recordó los graves antecedentes en la gestión del área —como la primera reglamentación ofensiva de ANDIS y la filtración de datos personales de más de 20.000 titulares de derechos— y exigió garantizar los fondos necesarios en el próximo debate del Presupuesto. Para cerrar, dejó una definición central sobre el rol del Estado: “La verdadera medida del progreso de una nación no está en sus balances, es decir, poner como eje solamente lo económico, ni en su velocidad, sino en la acogida que sabe darle a las personas con discapacidad”.

Finalmente, agradeció a las familias que no bajaron los brazos y lucharon por sus derechos.