La abogada Melina Lorenti advirtió sobre la falta de participación ciudadana en la autorización de una operación inmobiliaria vinculada a dos parcelas cercanas al glaciar Perito Moreno. Mientras los vecinos solicitan explicaciones a las autoridades provinciales, la Justicia Federal ordenó suspender provisoriamente la transferencia de los terrenos.

La situación en la Reserva Provincial Península de Magallanes, en Santa Cruz, generó preocupación entre vecinos que cuestionan las condiciones en las que se autorizó la venta de dos parcelas destinadas a un emprendimiento turístico. En diálogo con Voces y Apuntes, la abogada Melina Lorenti señaló que la publicación del Decreto Provincial 915/2026 despertó interrogantes sobre la operación y los criterios utilizados para habilitarla.

«El decreto lo que hace es exceptuar a una empresa que está constituida hace muy poco en el país, pero que tiene su capital en el extranjero, en un país árabe», explicó Lorenti. Según indicó, la publicación oficial motivó a un grupo de vecinos a organizarse para obtener información y analizar las implicancias jurídicas de la medida.

La abogada cuestionó especialmente la ausencia de participación ciudadana en una decisión que involucra una porción importante del territorio provincial. «Lo que no hubo fue participación ciudadana en esta toma de decisión, que es tan importante: entregar a una empresa extranjera una porción muy importante de nuestra provincia y de nuestro territorio», sostuvo.

Reclaman explicaciones y una evaluación del impacto ambiental

Lorenti detalló que los vecinos presentaron pedidos de informes por escrito y permanecen a la espera de respuestas oficiales. El objetivo es conocer los fundamentos que llevaron al Gobierno provincial a autorizar la excepción y los estudios que respaldaron la decisión.

«Queremos saber concretamente qué es lo que han evaluado para hacer esta excepción», remarcó.

En paralelo, los vecinos impulsaron acciones públicas para solicitar la intervención de la Cámara de Diputados de Santa Cruz. Según explicó la entrevistada, buscan que se convoque a la Comisión Evaluadora para analizar si existieron irregularidades en el decreto.

Otro de los puntos señalados es la falta de información sobre los aspectos ambientales y las características del proyecto. «No conocemos cuál es el estudio de impacto ambiental que se aprobó, qué evaluación hizo la provincia para aprobar esto, no sabemos cuál es el emprendimiento que se va a llevar a cabo», afirmó.

La abogada agregó que, a partir del análisis realizado hasta el momento, los vecinos detectaron aspectos que consideran irregulares y anticipó que las acciones sociales podrían continuar mientras esperan respuestas de las autoridades.

La Justicia Federal suspendió provisoriamente la transferencia

En el marco de la controversia, la Justicia Federal ordenó suspender provisoriamente la transferencia de dos parcelas de la Península de Magallanes, ubicadas frente al glaciar Perito Moreno, donde se proyectaba un emprendimiento turístico de lujo.

La resolución fue dictada por el juez federal Claudio Marcelo Vázquez, quien dispuso que el Registro de la Propiedad Inmueble se abstenga de realizar transferencias de dominio sobre los terrenos identificados como G2 y G3.

La medida tiene carácter preventivo y busca preservar la situación de las tierras hasta que se determine qué tribunal debe intervenir en el conflicto. La decisión no anula la operación inmobiliaria ni declara su ilegalidad.

Una operación cuestionada por sus condiciones

El conflicto se originó a partir del Decreto Provincial 915/2026, firmado por el gobernador Claudio Vidal, que autorizó una excepción para concretar la operación inmobiliaria entre Lacustre del Sud S.A. y ASB Hospitality Calafate S.A.U., una sociedad constituida recientemente en Argentina.

De acuerdo con la información difundida sobre el proyecto, la iniciativa estaba orientada al turismo de alto poder adquisitivo y contemplaba tarifas que podrían alcanzar los 2.000 dólares por noche.

La operación generó cuestionamientos por la ubicación de los terrenos, próximos a uno de los principales atractivos naturales de la Patagonia, y por las condiciones en las que fue autorizada. Mientras tanto, los vecinos continúan reclamando información sobre los fundamentos de la excepción, la evaluación ambiental y las características del emprendimiento previsto.