Así lo indicó el concejal Aparicio al referirse a los recientes cambios en Servicios Públicos y a los anuncios de cortes de energía. Mientras en la Legislatura se impulsan herramientas para proteger a las familias santacruceñas frente a las dificultades económicas y garantizar el acceso a los servicios esenciales, desde la empresa estatal vuelven a surgir señales que generan preocupación.

El cambio de gerencia en Servicios Públicos se da en medio de reclamos por posibles cortes en distintas localidades. Una situación que preocupa especialmente en las zonas más frías de la provincia, donde una interrupción del suministro también puede dejar a los hogares sin calefacción.

“Los servicios básicos forman parte de los derechos humanos de nuestros santacruceños. No podemos naturalizar que una familia tenga que vivir con la incertidumbre de un corte de luz, mucho menos en una provincia donde las bajas temperaturas forman parte de nuestra realidad”, sostuvo el concejal Carlos Aparicio.

En la Cuenca Carbonífera y en otras localidades de Santa Cruz, un corte de energía no significa solamente quedarse sin luz. Puede afectar la calefacción de los hogares, el funcionamiento de comercios e instituciones y la jornada laboral de cientos de trabajadores.

El planteo se da mientras trabajadores, organizaciones y vecinos vienen impulsando herramientas para proteger a las familias frente al deterioro de los ingresos y las dificultades para afrontar las facturas. Entre ellas se encuentran el Régimen Provincial de Protección y Regularización Energética y el Régimen de Protección de los Ingresos y Prevención del Sobreendeudamiento.

El primero propone mecanismos para regularizar las deudas de los usuarios y establecer herramientas de protección frente a los cortes. El segundo apunta a proteger los ingresos de los trabajadores ante descuentos y débitos que reducen cada vez más el dinero disponible para cubrir las necesidades básicas.

Las planillas para acompañar ambas iniciativas ya comenzaron a circular por distintas localidades de Santa Cruz. La propuesta busca sumar el respaldo de la comunidad y llevar a la Legislatura un reclamo que ya se expresa en los hogares y en los barrios.

“Mientras las familias hacen cuentas para llegar a fin de mes, el Estado tiene que estar para protegerlas y no para sumarles más incertidumbre. Por eso es importante que estos proyectos avancen y que la Legislatura escuche lo que está pasando en cada localidad”, afirmó Aparicio.

El debate sobre Servicios Públicos vuelve así a quedar ligado a una discusión más amplia: cómo garantizar el acceso a los servicios esenciales cuando los ingresos de las familias no alcanzan y las facturas se vuelven cada vez más difíciles de afrontar.

“Cambiar gerentes puede ser una decisión administrativa, pero si las políticas siguen siendo las mismas, el problema sigue estando. Lo que necesitamos es un cambio de rumbo que ponga a las familias en el centro”, concluyó.