El concejal solicitó al intendente que remita al Honorable Concejo Deliberante el Plan de Alivio Financiero anunciado para trabajadores y jubilados estatales, junto con el instrumento legal mediante el cual el Municipio pretende adherir.

Además, señaló que no se puede volver a repetir lo ocurrido en abril y reclamó transparencia para garantizar que ninguna medida termine afectando el salario de las familias caletenses.

El concejal Carlos Aparicio solicitó al intendente que, antes de avanzar con la firma del convenio anunciado entre el Gobierno provincial y el Banco Santa Cruz, se remita al Honorable Concejo Deliberante el contenido completo del acuerdo y el instrumento legal mediante el cual el Municipio pretende adherir al denominado Plan de Alivio Financiero.

El pedido apunta a conocer en detalle las condiciones del convenio y, fundamentalmente, a resguardar el salario de los trabajadores y jubilados municipales. En este sentido, Aparicio explicó que una medida que se presenta como un alivio financiero no puede generar nuevas incertidumbres ni comprometer aún más los ingresos de las familias.

“Necesitamos con carácter urgente conocer el contenido del acuerdo a firmarse. No se puede seguir negociando a espaldas de una comunidad y mucho menos a espaldas de las y los trabajadores. Es fundamental. Queremos conocer la letra y el trabajador necesita leer la letra chica”, sostuvo el concejal.

Aparicio recordó que existen antecedentes recientes que obligan a mirar con especial atención este tipo de anuncios. En abril, el Gobierno provincial había presentado un plan de alivio financiero que, según señaló, terminó dejando a numerosas familias en una situación de mayor vulnerabilidad.

También cuestionó que algunas medidas anunciadas posteriormente no se hayan concretado en los términos comunicados, como el compromiso de que los haberes correspondientes a agosto no estuvieran sujetos a descuentos, recargos ni costos bancarios adicionales

“Esta vez no nos puede pasar como en abril. Fueron muchísimas las familias perjudicadas y por eso hoy la palabra alivio tiene que significar realmente alivio, no incertidumbre”, planteó

El salario como derecho

El concejal volvió a poner en el centro de la discusión la necesidad de recuperar el carácter alimentario del salario y que sean los propios trabajadores quienes vuelvan a tener capacidad de decisión sobre sus ingresos.

La problemática no alcanza solamente a los empleados municipales. Son numerosas las familias de Caleta Olivia y de distintos puntos de Santa Cruz que hoy tienen comprometida una parte importante de sus ingresos por descuentos, deudas y obligaciones financieras. La situación atraviesa a trabajadores activos, empleados provinciales, jubilados y pensionados.

En ese contexto, Aparicio recordó que desde su espacio se vienen impulsando iniciativas legislativas en la Cámara de Diputados destinadas a establecer un marco de protección para los ingresos de las familias santacruceñas.

Entre ellas se encuentra el proyecto de Protección del Salario, que busca establecer herramientas para limitar el impacto del sobreendeudamiento y evitar que los descuentos sobre los haberes terminen absorbiendo una parte sustancial del salario.

La iniciativa plantea avanzar hacia un esquema que permita proteger los ingresos, ordenar los mecanismos de descuento y generar condiciones de refinanciación para quienes se encuentran atrapados en situaciones de endeudamiento.

Por otra parte, Aparicio sostuvo que el debate no puede reducirse a anuncios o convenios.

“Estamos hablando del salario de miles de familias. El salario no puede ser una variable de ajuste ni quedar atrapado en descuentos que el trabajador no puede controlar. Tiene que volver a tener carácter alimentario y tiene que ser el trabajador quien tenga la dirección sobre su propio ingreso”, sostuvo.

Por eso, el concejal insistió en que el acuerdo entre el Gobierno provincial, el Banco Santa Cruz y los municipios debe ser conocido antes de su firma.

“Queremos saber qué se va a firmar, cuáles son las condiciones y qué consecuencias va a tener para los trabajadores. La comunidad tiene derecho a conocerlo y el Concejo Deliberante tiene que poder analizarlo”, concluyó