El intendente de Río Gallegos recorrió Caleta Olivia junto con la Diputada Nacional Moira Lanesan y el Secretario de Legal y Técnica Gonzalo Chute. Grasso presentó a vecinos y organizaciones barriales el Programa de Desendeudamiento Familiar que impulsa en la Cámara de Diputados. Afirmó que hay casi 70 mil santacruceños endeudados y dijo que “no hay registros en la historia de semejante crisis”.
Pablo Grasso continúa realizando acciones para fortalecer el vínculo de la capital santacruceña con las localidades, tanto en temas de la gestión turística y emprendedurismo como también en políticas de contención que contribuyan a oxigenar el bolsillo de los trabajadores, alternativas y herramientas que surjan para ayudar en este contexto de crisis.
En este marco, realizó una recorrida por distintos barrios de Caleta Olivia para presentar el Programa Provincial de Desendeudamiento Familiar y Personal, un proyecto que fue elevado a la Cámara de Diputados para ayudar a familias y trabajadores de Santa Cruz que están endeudados con tarjetas de crédito y préstamos personales y que tienen dificultades para pagar.
El Intendente dijo que “cerca de 70.000 santacruceños están endeudados, pero además Santa Cruz tiene la pobreza más alta de toda su historia. Estos niveles de miseria no se vieron nunca, ni siquiera en el 2001”. Afirmó que esta crisis “tiene nombre y apellido: se llama Javier Milei y Claudio Vidal, responsables de haber roto el tejido social, paralizado toda la obra pública en Santa Cruz, pero además por haber abierto las importaciones provocando el cierre de cientos de comercios”.
Por todo ello es que Grasso, junto a otros dirigentes, impulsa acciones para contribuir a mejorar la situación social: “los que tenemos responsabilidades tenemos que estar con la gente”, dijo.
Una de estas acciones es el proyecto de ley que fue presentado en la Cámara de Diputados. El texto plantea una refinanciación de deudas con condiciones accesibles, plazo mínimo de devolución en 24 cuotas mensuales, iguales y consecutivas. Asimismo establece que los descuentos sobre el sueldo de los empleados públicos no podrán superar el 30% del salario bruto y hasta se contemplan los casos extremos en los que el trabajador termina cobrando cero pesos de sueldo.
Esta iniciativa será de adhesión obligatoria para el Banco Santa Cruz, mientras que los demás bancos podrían adherir voluntariamente y acceder a beneficios fiscales.
