La FESC, la CCIA de Río Gallegos y la Asociación de Empresarios Hoteleros, Gastronómicos y Afines cuestionaron el alcance de la empresa estatal y señalaron que su participación en distintos rubros podría generar una competencia desigual con el sector privado.
La Federación Económica de Santa Cruz (FESC), la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos (CCIA) y la Asociación de Empresarios Hoteleros, Gastronómicos y Afines de Río Gallegos difundieron una nota de prensa en respuesta a la solicitada publicada por el Directorio de Santa Cruz Puede SAU. En el documento cuestionaron el rol de la empresa estatal y plantearon reparos ante lo que consideran una posible competencia desigual con las pequeñas y medianas empresas.
Las entidades sostienen que Santa Cruz Puede SAU cuenta con capital, infraestructura y respaldo estatal, mientras que las pymes deben afrontar con recursos propios sus inversiones, obligaciones tributarias, habilitaciones y riesgos comerciales.
Uno de los principales cuestionamientos está vinculado con la inscripción de la empresa estatal como proveedora del Estado provincial en una amplia variedad de rubros, entre ellos verdulería, carnicería, panadería, farmacia, textil, mueblería, informática, gomería y talleres mecánicos. Según las organizaciones empresariales, esta amplitud de actividades genera interrogantes respecto del alcance que tendrá la empresa dentro de la economía provincial.
También expresaron reparos sobre las habilitaciones comerciales y sanitarias de algunos emprendimientos y reclamaron que la empresa estatal cumpla con los mismos requisitos exigidos a comerciantes y empresarios privados.
En relación con el financiamiento, las entidades cuestionaron el argumento de que Santa Cruz Puede SAU no recibe partidas destinadas a gastos operativos. En ese sentido, señalaron que, según documentación citada en su presentación, el Tribunal de Cuentas habría constatado gastos de capital por $427 millones, con una transferencia efectiva de $380 millones para un proyecto de producción de granos.
Otro de los puntos planteados fue la participación de funcionarios provinciales y de canales oficiales de comunicación en la promoción de los emprendimientos de la empresa estatal. Las entidades consideraron que esta situación representa una ventaja que no está disponible para los comercios y pymes privadas.
Desde las organizaciones empresariales remarcaron que la libre competencia requiere igualdad de condiciones entre los distintos actores y señalaron que el planteo adquiere especial relevancia en el contexto de la Emergencia Comercial, Industrial y PyME vigente en Santa Cruz.
Finalmente, la FESC, la CCIA y la Asociación de Empresarios Hoteleros, Gastronómicos y Afines reclamaron que Santa Cruz Puede SAU cese, según su interpretación, en prácticas de competencia desleal y solicitaron al Estado provincial que garantice reglas equitativas para el desarrollo de las pymes, el comercio y la generación de empleo privado.
La nota lleva las firmas de Guillermo Polke, presidente de la Federación Económica de Santa Cruz; Leandro Fadul, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos; y Ricardo López, presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros, Gastronómicos y Afines de Río Gallegos.
