En un documento conjunto, la Federación Económica de Santa Cruz, la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos y la Asociación de Empresarios Hoteleros, Gastronómicos y Afines de Río Gallegos cuestionaron el funcionamiento de la empresa estatal Santa Cruz Puede S.A.U., a la que acusan de competir con recursos públicos contra el sector privado a través del Mercado Concentrador Patagónico —señalado por ventas sin factura— y del bodegón «Alma». Las entidades reclaman controles fiscales, rendición de cuentas ante el Tribunal de Cuentas y la Legislatura, y transparencia en la participación de la SAU como proveedora del Estado en licitaciones públicas.

DENUNCIA PÚBLICA

El Gobierno del gobernador Vidal creó una empresa estatal para supuestamente complementar al sector privado y hoy la usa para competir contra él con recursos públicos: un Mercado Concentrador que ya se vació de puesteros, con ventas sin factura, y ahora un bodegón estatal «Alma».

Reclamos que no obtienen respuesta

Desde hace meses se acumulan, sin respuesta, reclamos de distintos sectores en torno a Santa Cruz Puede S.A.U. y al Mercado Concentrador Patagónico.

La Federación Económica de Santa Cruz lo advirtió formalmente ante el gobernador Claudio Vidal el 18 de junio de 2026 —nota recibida el 19 de junio— por la comercialización de mercaderías sin factura ni ticket fiscal. La Asociación de Empresarios Hoteleros, Gastronómicos y Afines de Río Gallegos, a través de su presidente Ricardo López, cuestionó públicamente la apertura del bodegón estatal «Alma», con oferta gastronómica para los habitantes de Río Gallegos; y en la propia Legislatura provincial se cuestionó el funcionamiento y el control de la empresa. Ninguno de esos reclamos obtuvo una respuesta que corrigiera la situación. Por eso, las tres entidades que suscriben este documento se pronuncian públicamente.

El problema de fondo es uno solo: el Estado provincial destina recursos públicos a una estructura que, lejos de producir los resultados que anunció, compite contra el propio sector privado que debía acompañar.

La SAU fue presentada, con gran despliegue oficial, como la herramienta para transformar la matriz productiva de la provincia, y su mandato declarado era complementar al sector privado y llegar allí donde el privado no llega. A la vista de los hechos, hace exactamente lo contrario.

Esa contradicción surge de las propias palabras de la empresa. Al ponerse en marcha, en 2025, su presidente afirmó públicamente que Santa Cruz Puede «no compite con los privados», sino que se asocia con productores, industriales y empresarios para transformar la matriz productiva, e invitaba al sector privado a sumarse. Un año y medio después, los hechos muestran lo contrario: no hay asociación ni complemento, sino competencia directa contra el comercio y la producción local.

El caso del Mercado Concentrador Patagónico es elocuente. Se lo inauguró con bombos y platillos como un gran polo de abastecimiento local y regional y hoy funciona, apenas, como una simple verdulería: buena parte de los puesteros ya se retiró. Lo que se anunció como una transformación terminó reducido a un local más, con mercadería traída de otras provincias que no cumple con ninguna normativa fiscal y que compite en forma desleal con el comerciante local que habilitó su negocio como las reglamentaciones indican, y que paga sus impuestos.

El ejemplo más reciente es el bodegón estatal «Alma», inaugurado en el ingreso al Polo Industrial y Comercial de la SAU. Se presentó, otra vez con banda musical, como un establecimiento de gran magnitud, con una cuadrilla de cocineros; luego se aclaró que sería apenas un servicio para camioneros. Pero esa demanda ya está cubierta por prestadores privados de la zona —food trucks, un restó, un hotel con servicio de comidas y estaciones de servicio equipadas—. No se llega adonde el privado no llega: se compite, con recursos del Estado, contra quienes ya están y afrontan sueldos, aportes, habilitaciones y cánones. Como resumió el presidente de los gastronómicos, «más competencia desleal que eso es imposible».

A ello se suma la irregularidad que motivó nuestro primer reclamo: en el Mercado Concentrador las operaciones se realizan sin emisión de ticket ni factura, en incumplimiento de la normativa vigente (ARCA / ASIP, Ley de Procedimiento Tributario). Resulta inadmisible que sea el propio Estado quien organice y publicite un canal de venta informal, mientras a cada comerciante santacruceño se le exige cumplir hasta el último requisito bajo amenaza de sanción.

Lo que sí se sostiene, en cambio, es la estructura. Estos emprendimientos no generan producción ni riqueza genuina: acumulan personal y cargos gerenciales financiados con la plata de todos los santacruceños. Cada peso destinado a sostener anuncios que no funcionan es un peso que falta en las áreas donde el Estado sí debería estar presente. No hace falta ser el órgano de control para advertir que esto es un desperdicio de recursos públicos.

No menos importante es lo que ocurre en la contratación pública. Santa Cruz Puede S.A.U. figura inscripta como proveedora del Estado en un sinnúmero de rubros y participa en licitaciones que ejecuta el propio Estado provincial, que es su único dueño. En los hechos, el Estado se licita a sí mismo, con una ventaja de información y de tiempos que el comerciante privado no tiene. Es una posición de privilegio incompatible con cualquier idea de competencia leal, que amerita ser revisada y transparentada.

En la Legislatura provincial, además, se han planteado serios cuestionamientos sobre los mecanismos de control y de rendición de cuentas de la empresa, así como sobre la adjudicación directa —sin licitación pública— de la estación de servicio de La Esperanza. Como entidades representativas del sector privado, acompañamos el reclamo de que esas dudas se esclarezcan y de que toda la operatoria se someta a los controles que correspondan.

Todo esto ocurre mientras el comercio santacruceño atraviesa una verdadera emergencia, con la Ley de Emergencia Comercial vigente y con numerosos comercios al borde del embargo. En ese contexto, que el Estado gaste la plata de todos en competir contra sus propios comerciantes resulta doblemente inaceptable.

Por lo expuesto, reclamamos: (1) controles fiscales efectivos y emisión de factura o ticket en cada operación del Mercado Concentrador Patagónico; (2) que el Gobierno informe públicamente qué resultados concretos ha dado esta inversión de recursos públicos, con qué costo de estructura, y qué medidas y plazos adoptará; (3) que la totalidad de la operatoria de Santa Cruz Puede S.A.U. se transparente y se someta a rendición de cuentas ante el Tribunal de Cuentas y la Legislatura provincial; y (4) que se revise y transparente la participación de la S.A.U. como proveedora del Estado y su intervención en las licitaciones públicas ejecutadas por el propio Estado provincial.

Dejamos expresamente reservado nuestro derecho a impulsar las acciones administrativas y legales que correspondan.

El sector privado santacruceño no le teme a la competencia: lo que no puede aceptar es que se gaste la plata de todos en anuncios que no funcionan y en competir deslealmente contra quienes producen, dan trabajo y cumplen.

Río Gallegos, 19 de agosto de 2026.