La Mesa de Unidad Policial y Penitenciaria confirmó la continuidad del acampe y las medidas de fuerza luego de que el Gobierno provincial resolviera finalizar la discusión salarial mediante una resolución administrativa. Los referentes del sector cuestionaron el proceso de negociación y volvieron a pedir una audiencia con el gobernador Claudio Vidal.

La Mesa de Unidad Policial y Penitenciaria anunció este domingo que continuará con las medidas de protesta en toda Santa Cruz luego de que el Ejecutivo provincial diera por concluida la negociación salarial y estableciera un nuevo esquema de haberes.

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa desarrollada en la denominada “Carpa de la Dignidad”, instalada frente a la Casa de Gobierno en Río Gallegos, donde participaron representantes de distintos puntos de la provincia.

Uno de los voceros del sector, Ramón Quipildor, explicó que las asambleas realizadas en las diferentes localidades resolvieron sostener el reclamo y rechazar la decisión oficial de cerrar las negociaciones. En ese sentido, sostuvo que el aumento salarial fue definido sin el aval de las organizaciones que integran la mesa de discusión.

De acuerdo con lo expuesto por los referentes, el conflicto se inició el 10 de junio con la puesta en marcha de las reuniones previstas en el Decreto 212, normativa que regula la negociación entre el Gobierno provincial y los representantes de la Policía de Santa Cruz y del Servicio Penitenciario Provincial.

Cuestionamientos al proceso paritario

Durante la conferencia, Quipildor indicó que a lo largo de siete encuentros el Ejecutivo presentó quince propuestas salariales, aunque aseguró que ninguna de ellas logró el acompañamiento del Centro de Retirados, la Asociación Civil Policial y la Mesa de Unidad Policial y Penitenciaria.

Asimismo, afirmó que el desarrollo de las reuniones estuvo marcado por “imposiciones, amenazas y aprietes” y consideró que nunca existió una negociación genuina entre las partes.

También cuestionó la escasa participación de las principales autoridades provinciales durante las conversaciones y recordó que el presidente del Consejo del Salario, función que el Decreto 212 asigna al jefe de Gabinete, solo estuvo presente en una de las reuniones realizadas.

Para los autoconvocados, la ausencia de funcionarios con capacidad de decisión reflejó la falta de voluntad política para arribar a un acuerdo.

Rechazo a la Resolución 342

Otro de los puntos cuestionados fue la Resolución 342 del Ministerio de Seguridad, instrumento mediante el cual el Gobierno provincial formalizó el cierre de la negociación y definió la nueva composición salarial.

Según manifestaron, la incorporación de conceptos no remunerativos perjudica especialmente a retirados y pensionados, debido a que esos adicionales no se trasladan a sus haberes.

Además, reiteraron que el incremento otorgado no responde al reclamo que vienen sosteniendo desde hace meses y ratificaron el pedido de un salario inicial de 2.200.000 pesos de bolsillo para un agente ingresante, con la totalidad de los aumentos incorporados al salario remunerativo.

Continuarán los acampes y las protestas

Los representantes de la Mesa de Unidad señalaron que las medidas de fuerza seguirán vigentes y confirmaron la continuidad de los acampes y manifestaciones impulsados por efectivos policiales y penitenciarios en distintas localidades santacruceñas.

Quipildor aclaró que el personal continúa prestando servicios esenciales y mantiene las guardias destinadas a atender emergencias, incendios y delitos de gravedad.

Sin embargo, explicó que dejaron de realizar tareas administrativas, patrullajes preventivos y recorridas habituales, argumentando que la cadena de mando se vio interrumpida a partir del proceso de autoconvocatoria.

Pedido de audiencia al gobernador

Durante la conferencia, los referentes volvieron a solicitar una reunión con el gobernador Claudio Vidal y señalaron que desde febrero presentaron más de quince pedidos formales sin obtener respuesta.

Quipildor también expresó preocupación por la situación que atraviesan numerosos integrantes de las fuerzas y responsabilizó al Ejecutivo provincial por el contexto actual.

“Hay compañeros muy presionados y en crisis. Hacemos responsable al gobernador de lo que pueda llegar a pasar con alguno de nuestros compañeros”.

Reclamo provincial y condiciones laborales

La actividad contó con la participación de efectivos y familiares llegados desde Puerto Deseado, Puerto San Julián, Pico Truncado, Caleta Olivia, El Calafate y localidades de la Cuenca Carbonífera.

Los voceros remarcaron que el conflicto involucra a toda la provincia y señalaron que fueron los propios trabajadores quienes reunieron recursos para financiar los traslados hasta Río Gallegos y acompañar el reclamo frente a la Casa de Gobierno.

Además de la cuestión salarial, los autoconvocados describieron problemas vinculados a las condiciones de trabajo dentro de la Policía y del Servicio Penitenciario, entre ellos dificultades de infraestructura, superpoblación de detenidos y falta de recursos.

Finalmente, sostuvieron que las medidas de fuerza continuarán hasta que el gobernador convoque a una nueva instancia de diálogo.