El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz (TSJ) declaró “inconstitucional” la Ley 3949, que ampliaba de cinco a nueve el número de vocales del máximo tribunal provincial. La decisión fue firmada por cuatro de los vocales y dejó sin efecto todas las designaciones realizadas en consecuencia, restableciendo la integración prevista por la Ley 1600 (según su texto modificado por la Ley 2404).

Concretamente, quedaron sin validez los nombramientos de Sergio Acevedo, José Antonio González Mora, Gabriel Contreras y Juan Lucio de la Vega.

El fallo aceptó la acción de inconstitucionalidad presentada por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales, declarando inválida la ley 3949 y todos los actos derivados —decretos, resoluciones legislativas y designaciones de nuevos vocales.

Según los vocales firmantes (Reneé Fernández, María de los Ángeles Mercau, Paula Ludueña y Fernando Basanta), la reforma era “justiciable”: sostuvo que cuando una modificación afecta la independencia judicial, la forma republicana o la composición del órgano encargado del control constitucional, el Poder Judicial debe intervenir.

El Tribunal consideró además que la ampliación careció de fundamentos técnicos: no se apoyó en estudios de carga laboral, ni en diagnóstico de necesidades reales del sistema judicial; no hubo base empírica que justificara cambiar la estructura institucional. Tampoco se sustentó la argumentación principal del proyecto: mejorar la celeridad o el acceso a la justicia o garantizar paridad de género.

En el fallo, se acusó al proceso de ampliación de haber sido irregular y apresurado: se denunciaron la designación de vocales en “sesiones extraordinarias y secretas”, el envío inmediato de ternas el mismo día de la promulgación de la ley, la cobertura casi simultánea de vacantes y la omisión de la fuente de financiamiento para los nuevos cargos.

En conclusión, los vocales del TSJ consideraron que la Ley 3949 no supera el test de razonabilidad, vulnera la independencia judicial y la forma republicana de gobierno, y transgrede normas constitucionales y convencionales. Por ello fue declarada “inconstitucional con efectos retroactivos”, dejando sin efecto todas las designaciones realizadas bajo su amparo.

Fuente: La opinión Austral