La diputada nacional presentó un proyecto de resolución para que el Gobierno informe qué tramos se concesionarán, cuánto pagarán los usuarios y qué obras deberán realizar las empresas. El reclamo pone especial atención en las rutas de Santa Cruz.
La diputada nacional Moira Lanesán Sancho presentó un proyecto de resolución para solicitar información al Gobierno nacional sobre la ampliación de la Red Federal de Concesiones y las condiciones bajo las cuales empresas privadas podrían encargarse del mantenimiento de rutas nacionales y cobrar peajes.
El planteo se da tras la publicación, el 13 de noviembre de 2026, del Decreto 1358/2026, que habilita futuras concesiones por peaje de rutas nacionales comprendidas en su anexo. La norma no establece el inicio inmediato del cobro: los tramos concretos y las condiciones de cada licitación deberán definirse posteriormente.
Según advirtió Lanesán Sancho, todavía deben aclararse las inversiones exigidas a las concesionarias y los valores que tendrían que afrontar los usuarios.
“No estamos en contra de la inversión privada, pero no puede haber cheques en blanco”, sostuvo la diputada, que reclamó conocer qué obras recibirán los conductores a cambio del pago de peajes.
¿Adónde va el dinero del impuesto a los combustibles?
Uno de los principales ejes del proyecto es el destino de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles.
La legisladora pidió que se informe cuánto se recaudó por ese concepto en 2024, 2025 y 2026, qué montos se destinaron efectivamente a infraestructura vial y cómo evolucionó el presupuesto de Vialidad Nacional, incluido el Distrito 23 de Santa Cruz.
También solicitó precisiones sobre las obras viales paralizadas en la provincia, su grado de avance y las posibilidades de reanudarlas en 2027.
Preocupación por la Ruta 3 y otros corredores santacruceños
En relación con las concesiones, la diputada pidió conocer qué sectores de la Ruta Nacional 3 podrían quedar comprendidos y cuál será el futuro de las rutas 40, 281, 288 y 293.
El planteo incorpora otras preguntas: cuánto costarán los peajes, si existirán tarifas diferenciadas para residentes, transportistas y trabajadores, y qué impacto podrían tener los nuevos cargos en los precios y en actividades como el petróleo, la minería, el campo y el turismo.
Además, exige conocer qué obras deberán completar las empresas antes de comenzar a cobrar, quién controlará su cumplimiento y qué obligaciones asumirán en materia de seguridad vial y mantenimiento durante el invierno, especialmente ante situaciones de nieve y hielo.
La iniciativa también consulta si se convocó a la provincia de Santa Cruz y cuándo se realizarían audiencias públicas.
“Santa Cruz no es un corredor más”
Para Lanesán Sancho, las particularidades geográficas y climáticas de la Patagonia vuelven indispensable contar con información clara antes de avanzar con nuevas tarifas.
“Santa Cruz no es un corredor más: las distancias son enormes, el clima castiga las rutas”, afirmó.
La legisladora insistió en que el Gobierno debe detallar qué rutas se concesionarán, cuánto se invertirá en su mantenimiento y de qué manera se garantizará que el eventual cobro de peajes se traduzca en mayor seguridad para quienes transitan diariamente por ellas.
