A contramano del optimismo que tenía el Gobierno Nacional, los jueces de la Corte aún no decidieron si levantarán o no la medida cautelar que pesa sobre el inicio de las obras fundamentales de las represas sobre el río Santa Cruz. El tiempo que pasa es aprovechado por las asociaciones ambientales, quienes siguen presionando para mantener el freno a las obras.

 

Mientras los jueces de la Corte Suprema de Justicia aún mantienen en estudio la documentación que elevó el Gobierno Nacional, luego de que se cumpliera con la Audiencia Pública en el marco de la Ley Nacional de Recursos Hídricos y en una resolución conjunta de los ministerios de Energía y Ambiente se aprobara el complejo hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz, las asociaciones ambientalistas siguen presionando para evitar un fallo favorable al Gobierno. Cuestionan la validez del proceso y advierten por el impacto irreversible en el ambiente.

Desde el Gobierno rechazan los planteos y afirman que se hizo todo lo que había que hacer, mostrándose optimistas con lograr el levantamiento de la medida cautelar. Cabe señalar que se pensó que el mismo estaría para mediados de este mes, pero aún no hay pronunciamiento alguno.

El reloj corre y no precisamente a favor del Gobierno, ya que, a su vez, las presiones del Gobierno chino se mantienen, toda vez que el compromiso de inversión es de US$ 4.500 millones y al menos el 10% ya fue transferido a la UTE en su momento.

Cabe recordar que la resolución conjunta de los ministerios nacionales de Energía y Ambiente, que aprobó las obras para los “aprovechamientos hidroeléctricos del río Santa Cruz” (represas Presidente Dr. Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), dispuso que se adoptaran las recomendaciones del informe de impacto ambiental aprobado por el Congreso tras la audiencia pública de julio pasado, ordenada por la Corte Suprema de Justicia, repasaron Marcelo Tavarone y Julieta de Ruggiero, integrantes de Tavarone, Rovelli, Salim & Miani Abogados.

“La Resolución Conjunta 3-E/2017 concluye este proceso que estaba pendiente de cumplimiento, con el objeto de obtener el levantamiento de la medida cautelar y así avanzar con la etapa de obras principales”, enmarcaron.

En su momento, amplía Héctor Pozo Gowland, titular de la firma que lleva por nombre su apellido, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia y la Fundación Banco de Bosques habían promovido acciones contra el Estado Nacional y la provincia de Santa Cruz por la omisión en la realización de los estudios de impacto ambiental (EIA).

“En atención a la medida cautelar, el Estado Nacional elaboró los estudios ambientales. (En cuanto a) la Audiencia Pública, fue celebrada en el Congreso el 20 de julio del 2017. Tuvo 117 expositores inscriptos”, agrega, ratificando que se dio cumplimiento a todo lo que pidió la Corte y aspiran a que ahora, la medida cautelar sea revocada.

 

Las críticas

Pero desde las asociaciones ambientalistas que buscan sepultar el proyecto no se dan por vencidos. Cristian Fernández, asesor legal de la Coalición Río Santa Cruz Sin Represas y parte del estudio Sabsay Neimark Abogados, entiende que, con su resolución, “los ministerios de Energía y Ambiente han decidido desoír lo expuesto en la audiencia pública”, afirmando que en ese ámbito “la sociedad civil se pronunció con robustos fundamentos mayoritariamente en contra de este proyecto”, refiriéndose a los argumentos por ellos mismos planteados.

Agrega que la Ley General del Ambiente establece que si bien las objeciones planteadas durante la audiencia pública no son vinculantes, el Estado tiene la obligación de publicar las críticas y brindar una respuesta fundada, asegurando que eso no se hizo.

Por su lado, el director Ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, enfatiza que la resolución “de manera alguna implica dar la autorización directa para continuar la obra, dado que es la Justicia quien tiene la palabra ahora y tendrá que decidir si considera que hay elementos suficientes para levantar la medida cautelar dictada por la Corte Suprema (que ordenó detener la construcción de las represas) o se debe seguir sosteniendo la misma”.

 

El EIA

“El Gobierno Nacional ha dado un paso fundamental en el avance de las obras de este proyecto tan importante para la matriz energética argentina, el cual ya cuenta con financiamiento disponible y empresas contratistas, tanto nacionales como chinas, listas para comenzar a trabajar”, dice Tavarone. “Las adaptaciones técnicas realizadas al proyecto inicial (modificación en cantidad de turbinas y conexión al Sistema Argentino de Interconexión, SADI, principalmente) demuestran el enorme interés por llevar adelante estas obras”, agrega.

Para Pozo Gowland, con el dictado de la Resolución Conjunta 3-E/2017, más la declaración de impacto ambiental de la autoridad ambiental provincial, “deberían tenerse por cumplidos todos los trámites necesarios para continuar con las obras”.

Pero Fernández disiente. “El EIA fue concebido como un mero obstáculo para avanzar con la obra, en lugar de ser considerado un análisis integral de riesgos ambientales. Presenta numerosos vicios, inexactitudes y omisiones”, denuncia.

Afirmó que no hay evaluación ambiental sobre el impacto del tendido eléctrico de alta tensión en relación a las aves migratorias ni el análisis de alternativas de proyectos, enumeró.

Agregó que tampoco se analizó el proceso de “sismicidad inducida”, no se completaron las tareas de rescate arqueológico, no se efectuó la consulta previa a las comunidades originarias ni se elaboraron proyecciones serias de precipitaciones y cambio climático, añade. Y lo mismo sucede con el impacto en los glaciares que conforman el Campo de Hielo Patagónico Sur, hecho que encendió el alerta en la comunidad glaciológica internacional, sostuvo, siguiendo con un detalle de todo lo que considera no se cumplió.

La Corte Suprema había ordenado la paralización de la obra y una revisión integral del EIA, lo que incluía la realización de una audiencia pública. “Si bien ambas cuestiones fueron cumplidas, el EIA desarrollado por la empresa EIBISA, dependiente del Ministerio de Energía, es incompleto, inconsistente desde el punto de vista técnico y está hecho a medida para que se logre la aprobación del proyecto”, acusó Nápoli.

Pero en respuesta, Horacio Franco, titular de la firma que lleva por nombre su apellido, señala que quienes se opusieron al proyecto objetaron que la resolución conjunta invoque mayormente el testimonio brindado en la Audiencia Pública por quienes apoyaron el proyecto y no por los que se pronunciaron en contra, que según aseguran las ambientalistas, fueron mayoría. “Una audiencia pública no se gana ni se pierde por la cantidad de voces a favor o en contra del proyecto puesto a consideración. No hay votación ni debate, porque no es un acto de naturaleza asamblearia. Por eso, las audiencias públicas no son ni podrían ser vinculantes. Su objetivo es otro: recabar opiniones que puedan ser tenidas en cuenta para enriquecer el acto administrativo que aprobará, desechará o modificará el proyecto en cuestión”, redondeó.

La Opinión Austral

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